Javier Herrera 
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) recomendó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) inhabilitar el registro como proveedores del Estado a dos empresas, luego de hallar evidencia de colusión (prácticas contra el erario).
Esas empresas, una dentro de la categoría mico y otra pequeña, son distribuidoras de insumos para la elaboración de alimentos destinados a las cárceles del régimen penitenciario nacional, a las cuales, también, se les impuso una sanción consitente en una multa de 294 salarios mínimos del sector a que corresponden cada una, según informaciones suministradas por Procompetencia al periódico Hoy.
Es la primera vez en la historia que se registran sanciones por colusión, dijo María Elena Vásquez, presidenta del organismo del Estado responsable de promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia.
Acotó que las sanciones están basadas en la normativa y la estimación del daño. «Se calculó sobre la base de las fórmulas económicas que la institución ha publicado en sus guías metodológicas y que dotan de seguridad jurídica y certeza los procesos sancionadores de la institución», manifestó.
Sobre el particular, Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), valoró la acción como un éxito.
