El procurador general de la República, Jean Rodríguez, advirtió hoy que dejar en libertad o sin ninguna medida a los 10 imputados por el caso Odebrecht, sería un obstáculo para la continuación y profundización de las investigaciones relacionadas a los sobornos otorgados por la multinacional en el país.

Rodríguez se refirió al tema a propósito de la apelación realizada por 10 de los 14 imputados en el caso de sobornos que admitió haber dado Odebrecht, la cual será conocida mañana jueves por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En ese sentido, el funcionario explicó que el riesgo de su puesta en libertad fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, «a tal punto que a los 13 imputados presentes, sin excepción, le impuso algún tipo de medida coercitiva, incluida la prisión preventiva para 8, el arresto domiciliario para 2, así como también garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados».

Enfatizó, además, que esa sentencia de medidas coerción dictada por el Polanco el pasado 7 de junio, es una prueba irrefutable del buen trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso, tras indicar que ahora está en manos de los jueces decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra el riesgo de «verse afectada por maniobras que puedan realizar los imputados».

Investigación. Sostuvo que a partir de los hallazgos primarios obtenidos durante las pesquisas que se hicieron en el país, la Procuraduría se ha enfocado en profundizar y ampliar más las investigaciones en el plano internacional, y para ello, indicó, cuenta con apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público Federal de Brasil, así como también de autoridades de otras naciones europeas y latinoamericanas.

Resaltó que a través de estas diligencias investigativas ampliadas en el país y en el extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará pruebas adicionales a las que ya posee en contra de los 14 imputados hasta el momento, «evidencias estas que hará valer al momento de presentar formal acusación en contra de los mismos, recordando que para esto fue autorizado judicialmente un plazo de 8 meses».

Reiteró que mediante la ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en este país. Garantizó que quien sea que resulte involucrado, también será puesto a disposición de la justicia.

Rodríguez insistió en que espera que los jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia entiendan que para proteger las pesquisas del caso Odebrecht «resulta indispensable mantener en prisión» a los imputados que han apelado la sentencia judicial mediante la cual se les impuso medidas de coerción.

Sin embargo, dijo que es respetuoso de la independencia de los poderes del Estado, por lo que respetará cualquier decisión que en este sentido sea adoptada y que en caso de considerarlo necesario, por no compartir el criterio, la recurriría a través de los canales legales correspondientes.

La audiencia para conocer la apelación fue fijada para las 9.00 de la mañana.

Los imputados. Por el caso Odebrecht se encuentran en prisión el ex ministro de Industria Temístocles Montás, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, y ex titular del Senado Andrés Bautista, y el empresario Ángel Rondón, acusado de ser la persona que distribuyó los sobornos.

Además, el ex ministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Díaz Rúa, el ex diputado Ruddy González, el abogado Conrado Pitaluga, así como el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) César Sánchez. De igual forma, Máximo De Óleo, ex funcionario de la CDEE.

A prisión domiciliario fueron enviados el ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE Radhamés Segura, y el ex director de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez.

En el caso de los senadores del partido oficial Julio Cesar Valentín, de Santiago, y Tommy Galán, de San Cristóbal, le fue impuesta una garantía económica e impedimento de salida. Lo mismo ocurrió con el diputado y ex presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien junto a los legisladores antes mencionados goza de inmunidad parlamentaria.