El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó hoy que en la audiencia de apelación interpuesta por los pilotos franceses que se fugaron del país, pedirá que sea suspendida la libertad de los mismos y que sean declarados en rebeldía.

Domínguez Brito precisó que luego de esta petición al tribunal, el Ministerio Público procederá a solicitar las correspondientes órdenes de captura internacional en contra de Pascal Jean Fauret y Bruno Odos, y que le sean colocadas las respectivas alertas rojas.

«Confiamos así en que la cooperación entre las autoridades dominicanas, francesas y la Interpol traerán a estos prófugos ante la justicia dominicana, donde deberán cumplir sus merecidas condenas», dijo el funcionario en rueda de prensa.

Responsable. Precisó que en torno al caso, las autoridades del Gobierno han actuada de forma responsable desde el momento del arresto de los extranjeros, hasta el sometimiento a la justicia.
«Lo primero que hay que aclarar es que el Gobierno dominicano ha actuado de forma totalmente responsable desde el mismo inicio de este caso, que permitió el arresto y condena de los ahora prófugos, hasta el día de hoy», aseguró.

Y agregó: «Tanto las autoridades del Ministerio de Interior, como la Dirección General de Migración y la Procuraduría General a la que represento, han actuado en todo momento con total apego a las leyes de la República».

De igual forma, destacó la colaboración que han mostrado las autoridades judiciales francesas, «quienes en todo momento han cumplido los acuerdos firmados entre ambas naciones».

Afirmó que a lo largo de todo el proceso que culminó en la condena de los acusados, el Ministerio Público no cejó en pedir medidas de prisión preventiva contra los cuatro ciudadanos franceses, así como de otros 43 ciudadanos dominicanos que resultaron vinculados a esta red que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Señaló que durante todo este proceso, los fiscales se vieron en la necesidad de recusar cerca de cinco jueces, por entender que en su momento no respondían al mandato constitucional del debido proceso de ley, resultando algunas de estas recusaciones acogidas y otras rechazadas.

Domínguez Brito dijo que luego de que el Tercer Tribunal de la Instrucción reconociera que había pruebas suficientes para una condena, decide variar la medida de coerción privativa de libertad, favoreciendo a los imputados con la variación de la medida de coerción, e imponiéndole la presentación periódica, así como el impedimento de salida del país, «sin si quiera una garantía económica».

«Esto fue lo que permitió que los condenados transitaran sin custodia por el territorio nacional facilitando su fuga», dijo el jefe del Ministerio Público.

«Hoy, podemos ver cómo la tibieza ante estas redes internacionales que utilizan nuestro territorio como puente para el narcotráfico, ha tenido graves consecuencias», puntualizó.