El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó hoy que han recibido denuncias de representantes del Ministerio Público, juntas de vecinos y de la prensa nacional, de que en varios cabildos se están autorizando instalaciones de estaciones de gas en lugares no apropiados, y en ese sentido, dijo que la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales no permitirá la materialización de esos permisos.

Por esta razón, Domínguez instruyó al Ministerio Público de las diferentes jurisdicciones, estar vigilantes ante estas acciones que se vienen realizando en algunas salas capitulares de alcaldías y distritos municipales, en el actual proceso de transición que atraviesa el país.

Asimismo, indicó a los fiscales y a los procuradores de corte a observar muy de cerca las decisiones que se están asumiendo y los exhortó abstenerse de realizar acciones que vulneren las normativas establecidas.

“El Ministerio Público actuará de manera drástica contra toda decisión que ponga en riesgo y peligro el patrimonio de los municipios”, puntualizó.

Agregó que el Ministerio Público no permitirá ningún tipo de operaciones fraudulentas dentro de los cabildos con el traspaso de dirección fijada para el próximo 16 de agosto, y otros donde solo habrá movimientos de los concejales.

“Específicamente estamos hablando de manera muy especial con esta instrucción, supervisar la cesión o venta de terrenos municipales, la adjudicación de áreas verdes, el otorgamiento de permisos acelerados para instalación de estaciones de expendio de diferentes tipos de combustibles, así como cuidar los procedimientos para el pago de deudas, de forma tal que no se emitan cheques sin los debidos soportes”, enfatizó.

Igualmente, les exhortó a ser cautos en las asignaciones de combustible a través de tickets, la venta de espacios en cementerios para fabricación de nichos, y cualquier otra acción que pueda comprometer a los municipios.

Estas declaraciones las ofreció al encabezar una rueda de prensa en la sede de la institución junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier.