El procurador general de la República, Jean Rodríguez, reiteró la necesidad de que se erradique el matrimonio infantil de la legislación dominicana por ser una práctica nociva para la población menor de edad y su posición de que se establezcan los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio en la República Dominicana.

Al igual que como lo hizo con el Senado de la República en virtud de las atribuciones que le otorga la Constitución de remitir al Congreso Nacional su opinión, cuando lo juzgue conveniente, sobre los proyectos de leyes que tengan relación con el Ministerio Público, el magistrado Rodríguez esta vez remitió una comunicación reiterando sus sugerencias al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, con ocasión del estudio del Proyecto de Modificación del Código Civil Dominicano.

El magistrado Rodríguez dentro de las sugerencias realizadas en torno a dicho proyecto de ley, favoreció que se eliminen las excepciones para contraer matrimonio antes de los 18 años de edad.

Refirió que la legislación dominicana actual permite el matrimonio infantil para las niñas menores de quince años, sin más requisito que la dispensa judicial y para niñas mayores de quince años, con la autorización de los padres, incluso con adultos cinco o más años mayores que ellas.

“Nuestra principal preocupación se fundamenta en que actualmente la República Dominicana ocupa junto a Nicaragua el primer lugar de niñas y adolescentes casadas o unidas en América Latina y el Caribe, siendo el matrimonio infantil forzado o las uniones libres de hecho, entre hombres adultos y niñas o adolescentes menores de edad, una práctica habitual en nuestro país, conforme lo indican estadísticas de autores internacionales”.

“Expuesto lo anterior, resulta ineludible eliminar todo tipo de excepciones en relación al matrimonio infantil, ya que es la norma vigente la que permite y promueve que esta práctica dañina para nuestra población menor de edad, continúe en el seno de la sociedad”, expresa de manera enfática el jefe del Ministerio Público en la comunicación.

También, expresó “Nuestra principal preocupación se fundamenta en que actualmente la República Dominicana ocupa junto a Nicaragua el primer lugar de niñas y adolescentes casadas o unidas en América Latina y el Caribe, siendo el matrimonio infantil forzado o las uniones libres de hecho, entre hombres adultos y niñas o adolescentes menores de edad, una práctica habitual en nuestro país, conforme lo indican estadísticas de autores internacionales”.

Destacó que dicho desasosiego se ha extendido hasta el seno de las Naciones Unidas, en particular porque aproximadamente 15 millones de niñas a nivel mundial mantienen esta práctica cada año antes de cumplir los 18 años de edad.

El procurador general citó un estudio del Banco Mundial y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2017, que establece que si esa práctica se eliminara, se podría reducir significativamente el índice de pobreza general en la República Dominicana.

“Por ello resulta inevitable observar las recomendaciones ofrecidas por UNICEF, en el sentido de que el país adopte medidas legislativas encaminadas a eliminar las prácticas nocivas que afectan la salud integral y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, como lo es el caso del matrimonio infantil, y en consecuencia, que se establezca como edad mínima para contraer matrimonio, con el consentimiento o no de los padres, los 18 años de edad”, subrayó.

Insistió en que la secuela transcendental de estas uniones tempranas es que ponen en riesgo el desarrollo de la población y afectan el cumplimiento de los derechos de las niñas y de las adolescentes, y con ello también laceran el avance de la nación, ya que la mayoría de las adolescentes que se casan antes de los 18 años no completan sus estudios, generando consecuencias permanentes para los menores de edad y para el país.

El procurador Jean Rodríguez reiteró que descansa en el Congreso Nacional la erradicación definitiva de la legislación dominicana de este flagelo, “que irrumpe y distorsiona los valores supremos y los principios fundamentales enarbolados por la Carta Magna, como lo son el respeto a la dignidad humana y el bienestar social en el marco de un Estado social y democrático de derecho”.