Odebrecht es un punto negro, funesto y ominoso para la imagen de nuestra República Dominicana en el ámbito internacional. Muestra de manera palmaria y ostensible es la capacidad de maniobra y escarceo de las autoridades del PLD encabezada por su presidente para liberarse y exonerarse de los contratos dolosos y fraudulentos, que degeneraron en millonarias cantidades de dólares en sobrevaluaciones de mega obras, sobornos, licitaciones y publicidad para campañas electorales del partido en el poder.

Es el único país de 12 involucrados, que aún no tenemos un preso, todo por la estrategia del gobierno de no castigar a sus propios funcionarios del mas alto nivel. En otros países hay condenas a importantes funcionarios, incluso de un vicepresidente.

La obra gemela de Punta Catalina, que es el principal cuerpo de delito de Odebrecht, rebosó la copa, al adjudicársele a esta multinacional de la construcción mediante una turbia y macabra licitación que le costo al Estado dominicano más de Mil Millones de dólares por encima del precio real.

El PGR designó una comisión para investigar Punta Catalina, lo que más del 80% de la población se sintió engañada en sus resultados, pues resulta que la comisión fue integrada por “personalidades” ligadas al gobierno y otros vinculados a los negocios oscuros de Odebrecht, es decir, la comisión se convirtió en juez y parte, por lo tanto, el resultado ya todos lo sabemos: favorecer al presente gobierno.

El Ministerio Público, en la persona de su máximo incumbente y designado para los propósitos del presidente de la República ha jugado un flaco, infeliz y torpe servicio al país, instrumentando mamotretos de expedientes a todas luces flojos e inconsistentes y pocos fundamentados aún existiendo pruebas contundentes entre los contratantes para incriminarlos desde sus más altas cúpulas, élites y autoridades envueltas en esa intrincada madeja de corrupción.

El procurador como simple acólito, títere o amanuense y discípulo del presidente, juega al tiempo. Ahora, después de más de un año de supuesta investigación sin resultados jurídicos convincentes para la nación y el mundo, éste solicita de manera sorpresiva e inexplicable, aunque la ley se lo permita, una prórroga para concluir la investigación del caso Odebrecht, lo que pone de manifiesto la incapacidad para desentrañar los actos de sobornos aceptados por la propia compañía.

El PGR ha hecho caso omiso a documentos relevantes recibidos de la justicia brasileña y éste de manera irresponsable aún no ha presentado la lista de sobornados del país. Justifica la ampliación del plazo, para poder completar la investigación de los hechos, que según Jean Alain Rodríguez dichos hechos “se han tornado por las circunstancias que los rodean de difícil reconstrucción material… en aras del descubrimiento de la verdad”. Pero todavía pide y exige que nueve países le envíen documentos “claves”, entre los que están: Brasil, Estados Unidos, Panamá, España, Argentina, entre otros.

Es penosa e indignante la escasa vocación, voluntad política y jurídica del procurador y del presidente de la República para desentrañar ese voluminoso escándalo. El proceso amañado, interesado y parcializado que sigue la Procuraduría General de la República sobre el robusto expediente de Odebrecht no solo denota incompetencia e incapacidad, sino que presagia un desenlace y final frustratorio, desesperanzador, demoledor y aterrador para el sistema de justicia de nuestro país.

Si el procurador no descarta interrogar a ejecutivos de Odebrecht en el juicio de fondo, como lo ha manifestado, me imagino habrá otros funcionarios políticos y empresarios del PLD y afines, incluso al propio presidente de la República que tendrán que ser investigados, interrogados y oídos.

Es interesante recordar lo que dijo en Julio pasado la presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, Mirian Germán: “me atormenta el aspecto probatorio”. “la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de las declaraciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contiene afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados”.

Para que entendamos y comprendamos bien, la falta de pruebas contra los imputados del caso Odebrecht, dándole el Procurador la razón a la magistrada Mirian Germán, es lo que obliga a ese Ministerio pedir prórroga a Francisco Ortega, juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia.

En nombre de la impunidad y la corrupción, deshonrosamente, y en contra de la dignidad de este país, el Procurador General de la República en contubernio con el presidente de la República, ha tirado la toalla, la toga y el birrete con el burdo manejo que le ha dado al caso Odebrecht, hasta el momento, obedeciendo ciegamente al entramado mafioso aposentado en su gobierno y en su partido.