La procuradora general Miriam Germán Brito consideró ayer como preocupante las denuncias sobre maltrato y explotación laboral hechas por más de 300 miembros del Ministerio Público, e informó que designó una comisión imparcial para que investigue y rinda un informe sobre la situación, a los fines de aplicar los correctivos de lugar.

Advirtió que bajo ninguna circunstancia aceptará violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que ella dirige, ni aprobará nada que así disponga (que no es el caso).

Dijo que de ser ciertas las declaraciones de que por las precariedades en las condiciones laborales en los últimos 15 meses se han producido dimisiones masivas, “deben acarrear respuestas contundentes” por parte de la institución, máxime cuando se hace uso del concepto de “mano de obra barata”.

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En un documento de prensa la magistrada Germán afirmó que si algo ha caracterizado su gestión y accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal, “es la defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo”.

Recordó que el MP arrastra “el lastre de decisiones nefastas del pasado” que han generado distorsiones inaceptables como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo está llamado a ejercer por ley el fiscal.

Asimismo, no descartó que en cualquier otro espacio de trabajo puedan darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias.

Dijo que por eso una de las principales metas que ella ha asumido al frente de la PGR es la mejora progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que corresponden a los integrantes del Ministerio Público.

“Por ello, procuramos a través de los mecanismos institucionales de previsión presupuestaria los recursos necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplicó el año pasado; el pago de los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preveía desde el 2014, pero que nunca se había cumplido”, subrayó Germán Brito.

Agregó que este año se está trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida. “Todo esto representa un monto de casi 700 millones de pesos anuales”, resaltó.

Denuncia es una prioridad

La magistrada Germán indicó que en estos momentos su prioridad con relación a la carrera del MP es investigar y resolver la situación denunciada, y por eso designó una comisión independiente denominada “Grupo de Trabajo”, para que realice un diagnóstico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas.

“Tengan seguro que consecuencias habrá”, enfatizó la procuradora en su documento distribuido por la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría.