La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia revocó un auto de no ha lugar emitido a favor de una mujer acusada por violencia de género en la provincia Valverde, tras acoger un recurso de casación incoado por el procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, Juan Carlos Bircann Sánchez.
Un comunicado de prensa destaca que el alto tribunal adoptó la decisión al revocar un auto de no ha lugar emitido por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Valverde a favor de la señora E.P., el cual posteriormente también había sido confirmado por la Corte de Apelación de Santiago.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Francisco Antonio Ortega Polanco, dictó la sentencia SCJ-SS-24-0884, de fecha 31 de julio de 2024, notificada el 18 de septiembre de 2024, con la cual casó la sentencia 972-2023-SRES-00178, dictada en fecha 6 de diciembre de 2023 por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago.
Se destaca que, con la decisión, contrario a lo externado por las jurisdicciones de la Instrucción y de segundo grado, la sede casacional consideró que la acusación presentada por el Ministerio Público en ese caso está revestida de fundamentos para justificar la probabilidad de una condena en materia de violencia doméstica e intrafamiliar ejercida por la acusada E.P. en perjuicio de su pareja.
En tal virtud, la alta corte procedió a acoger la acusación contra la procesada, a quien se le atribuye la violación de los artículos 309-2 y 309-3 del Código Penal Dominicano, y las pruebas testimoniales, periciales y procesales que la sustentan, como solicitó el procurador recurrente.
El alto tribunal resalta en su decisión que las pruebas aportadas por el Ministerio Público están revestidas de legalidad, pertinencia y relevancia para el proceso, resultando útiles y relevantes, conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal.
La casación es un recurso procesal que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley. Luego, el caso lo conocen los jueces de otra jurisdicción o de otra sala.