En medio de la confusión reinante en torno a la muerte de Esmeralda Richez; la controversia sobre el informe preliminar del Inacif; y las distintas versiones que dan sus propios familiares, la jueza de Atención Permanente de la provincia La Altagracia dictó un año de prisión preventiva al profesor John Kelly Martínez, principal imputado de la violación sexual de que habría sido objeto la adolescente de 16 años de edad fallecida tras el hecho.

En una audiencia récord la magistrada Francis Reyes Diloné conoció y aprobó la solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público, en la que acusa a Martínez de violar los artículos 265, 266, 295, 303 y 331 del Código Penal, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y homicidio, que se castigan con la pena máxima de 30 años de reclusión.

El órgano acusador sustentó su pedimento en el informe provisional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif ), que dice la menor Esmeralda sufrió “laceraciones, contusiones y desgarro vaginal con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte”, todo lo cual atribuye al profesor.

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Refiere que el hecho ocurrió el 12 de febrero en curso en la comunidad de Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda, del municipio de Higüey cuando el profesor Martínez llevó a la playa, en Bávaro, a Esmeralda y a otras tres menores de 16 y 17 años de edad, indistintamente, todas, estudiantes del Politécnico en que él impartía docencia y ellas eran alumnas.

Junto con ellos estuvo también un primo del profesor de nombre Rubiel Morillo Martìnez, coacusado a quien se le impuso como medida de coerción presentación periódica al tribunal.

El profesor fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Anamuya, en Higüey, a cumplir su coerción.

Sarita Valdez: MP presiona

El exdirector de Patología Forense, Sergio Sarita Valdez acusó al Ministerio Público de presionar para que se emitiera el informe sobre la muerte de Esmeralda Richiez, lo que conllevó a tener un reporte incompleto.

Indicó que faltan evidencias como la descripción de la escena del hecho, análisis de la vestimenta de la víctima para ver si tiene desgarros, sangre u otros indicios importantes; análisis de toxicología para buscar restos de drogas, alcohol en la orina o en sangre; y serología con muestras de vagina, boca y ano para buscar esperma.

Agregó que si además había sospecha de embarazo, hay que hacer estudio microscopicamente, del útero, ovarios y endometrio, e indicó que todo eso lleva mucho tiempo.

“La Ley 136 sobre las autopsias no habla de informe preliminar, lo que pasa es que el Ministerio Público se pone a meterle presión, para que a la carrera, elaboren algo; no ha dado tiempo a estudiar todo eso y han forzado un informe al vapor, incompleto, y sobre eso han generado una serie de confusiones y dudas porque no es contundente, no está contestando de una manera clara, precisa y sin ambigüedades”, dijo el exdirector del Inacif.

Agregó que para un juez poder hacer justicia “tiene que tener evidencias claras y precisas; no con especulaciones, eso parece un show mediático más que otra cosa”, dijo.