“El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, reza textualmente el Art. 37 de la Constitución de la República.

La prohibición del aborto –incluyendo el terapéutico, que es un tema científico y no religioso— está sometida a un candado muy fuerte, porque no basta con incluir su permiso en el nuevo Código Penal mientras se mantenga en la Constitución de la República, que es la ley de leyes, la ley suprema. En consecuencia, cualquier normativa jurídica que abra una brecha a las tres causales, se expone a ser declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

El temor a las iglesias, sobre todo a la católica, por parte de las cúpulas de los tres grandes partidos, les impide incluir al aborto terapéutico en el Código Penal, conscientes inclusive de la pobre posibilidad de prosperar, por contrariar a la carta magna.

Para permitir que las mujeres puedan deshacerse de un embarazo no deseado (producto de una violación sexual, incesto y/o peligro de muerte por razones de salud o deformidad del feto) habría que excluir el citado texto de la Constitución de la República, lo que requiere de otra reforma.

No se descarta que la Constitución sea reformada, como se hace caprichosamente cada cierto tiempo, pero es de dudar que se elimine el veto al aborto terapéutico, un aspecto que desde el punto de vista científico nos coloca entre los países más atrasados del universo.

Muchos de los que defienden el cacareado “derecho a la vida” son personas de doble moral. “La humanidad tiene una moral doble: una que predica y no practica y otra que practica y no predica”, dijo Bertrand Russell.

Se trata de gente con el poder económico necesario para resolver, practicando un aborto, en caso que una hija o nieta le salga embarazada por violación, incesto o peligro de muerte. Pagan lo que sea en el país, en clínicas privadas, o se van al exterior y resuelven. Resuelven con su dinero.

Lo reprochable es que esas personas contribuyan a condenar a parir a mujeres violadas, episodios que dañan sicológicamente para siempre.

Aprueban que una dama esté compelida a dar a luz el producto de un embarazo provocado por un miembro de la familia. Y peor aún: consentir que tanto la madre como la cría mueran, a pesar del aviso médico consistente en que la única forma de salvar la vida de la dama es mediante el aborto. Es una actitud criminal.

Un Crimen que se comete exclusivamente contra mujeres de los estratos sociales más empobrecidos. Mujeres que no tienen dinero para pagar un aborto en una clínica privada. De hecho son pocos los centros que practican abortos. Y los limitados centros de salud que se involucran en esa operación, condenada por ley, cobran tarifas elevadas. Todo lo que conlleva riesgo resulta caro.

Para lo único que ha servido la prohibición del aborto terapéutico es para incrementar su costo, siendo perjudicadas fundamentalmente las mujeres de barrios y de la zona rural.

Ahora a las autoridades dominicanas se les ocurre levantar un muro en la frontera, al que denominan verja. ¿Acaso una verja no es un muro? Es un derecho que le asiste al Gobierno tomar todas las medidas que estime pertinentes, para impedir la entrada de inmigrantes haitianos, contrabandos y otras actividades delictivas.

Para tales fines, además del muro, se ha hablado de cámaras, radares y sensores.

Sin embargo, pueden emplearse múltiples medidas y no acabarían con el éxodo de haitianos hacia República Dominicana, lo que harían es incrementar el precio que pagan los habitantes de la parte occidental para pasar a la oriental. ¡Escríbanlo!

Se dice que los militares dominicanos cobran mil pesos por la entrada de cada haitiano. A partir del levantamiento del muro entonces cobrarían cinco mil, quizás más.

El muro no resuelve ese problema, porque los haitianos construirían túneles. Todos son albañiles. El muro –levantado con dinero prestado— solo crea más problemas, al incrementar la deuda externa, que ya está alcanzando niveles preocupantes.

La prohibición del aborto, incluyendo el terapéutico, que constituye un crimen contra mujeres pobres dominicanas, y el levantamiento del muro en la frontera, solo contribuyen a elevar tarifas en las clínicas privadas, por un lado, y, por otro lado, en militares mafiosos que operan en la frontera.