Visiblemente, la Junta Central Electoral ha manejado con sentido de equidad y a satisfacción de representativos sectores el proceso que en una semana culminará con una asistencia que se espera sea masiva de los dominicanos a las urnas.
Su adhesión a la neutralidad se ha expresado en adecuadas respuestas a observaciones y reclamos de las partes en competencia. La versatilidad de sus ejecutorias, que ha puesto a valer el consenso con aquellos a las que han sido dirigidas sus decisiones, ingresa a un lapso crucial y sin mañana.
Ahora o nunca debe ir a la comprobación de que institucionalmente no quedará brecha por la que se cuelen en riesgosa envergadura la imperfección o la mala fe en perjuicio de la transferencia; contra las marrullas o errores (imposible de neutralizar por completo) debe funcionar automáticamente la capacidad de minimizarlos con reacciones del propio sistema y sus blindajes de toda naturaleza.
Quedan respuestas por emitir (prometidas para hoy) a reparos a lo alcanzado hasta hoy en lo organizacional y formulaciones de desconfianza a gestiones de los presidentes de 1,510 colegios electorales de los 16,851 que componen el circuito.
Han puesto en tela de juicio su actuación en la fase de febrero y procede que la JCE escudriñe en busca de motivos valederos para que sean sustituidos en la seguridad de que la opinión pública se acogerá a su decisión en el sentido que fuere. No solo en cuanto a esta objeción sino a cualquier otra que carezca de razonabilidad.