POR ERASMO LARA-PEÑA
La respuesta general al llamado de Monseñor Agripino Núñez para que haya acción con respecto a la atención requerida de los deportados hacia nuestro país me estimula a presentar las siguientes consideraciones. Las mismas ya las había elaborado atendiendo al interés de varias personalidades en Nueva York y Santo Domingo quienes, conocedoras de mi preocupación por el tema me pidieron, antes de yo ingresar al servicio diplomático dominicano, que elaborara un primer borrador de propuesta para la formación de un centro de recepción y educación de ex presidiarios.

Aunque no es parte de mi radio de acción como embajador dominicano ante las Naciones Unidas, como ciudadano y como persona preocupada por los problemas nacionales, me permito publicar los elementos principales de esta propuesta, con el fin de incentivar el diálogo y las discusiones sobre este complejo problema.

La propuesta solo abarca a aquellas personas que son deportadas como producto de haber cumplido un periodo de encarcelamiento en los Estados Unidos. Sin embargo, reconozco que hay otros grupos que requieren tal atención: mujeres -trabajadoras sexuales- deportadas de Europa, deportados por uso de papeles ilegales, deportados por violar regulaciones de visas, etc. Cada uno de esos grupos podría tener necesidades particulares, pero en fin, creo que lo más urgente es enfocar en estos momentos nuestra atención al asunto de los ex convictos deportados desde los Estados Unidos.

I. Antecedentes del problema

Con la implementación en el 1997, de la Reforma sobre la inmigración Ilegal y las Responsabilidades del Inmigrante (Ilegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act of 1996), los Estados Unidos de América dejó establecido como principio, la deportación a su país de origen de no nacionales (amparados por permisos de residencia o no) encarcelados o en prisión preventiva, al final del cumplimiento de sus respectivas condenas.

Esta medida se toma ya sea por solicitud del individuo o por decisión del Servicio de Inmigración y Naturalización norteamericano (INS por sus siglas en inglés).

Las deportaciones realmente se iniciaron en el 1994. En el período 1994-1997 de las personas deportadas, 5,000 estaban implicados en algún tipo de crimen. Según la prensa dominicana más de 5,000 personas fueron deportadas en el año 2005. Se estima que alrededor de 33,500 personas han sido deportadas en 11años; alrededor del 72% de ellas con antecedentes criminales.

Alrededor de 350 millones de dólares por año, han sido destinados por las autoridades de los Estados Unidos para el manejo particular de este programa de detención y deportación de ex-presidiarios.

El objetivo de esta política es de reducir el nivel de criminalidad y riesgo de seguridad dentro de los Estados Unidos. Esta situación debe ser evaluada objetivamente, pues algunos piensan que al contrario, al mismo tiempo que se exporta la criminalidad a nuestros países, se globaliza la misma, pues los deportados que se reintegran a las actividades criminales fortalecen sus lazos criminales dentro de los Estados Unidos.

Aunque la mayoría de los deportados ya han cumplido sus condenas, en los últimos años la aceptación de tales deportaciones por parte de los acusados ha conllevado una disminución de las condenas. Otros son deportados una vez que las autoridades de inmigración y los tribunales determinan que algunas ofensas conllevarían penas criminales, y las deportaciones se realizan entonces antes del juicio, también como parte de los acuerdos extra judiciales entre los acusados y la justicia.

Hay en esta situación una particularidad legal: la de personas condenadas o que podrían ser condenadas, o no cumplen la condena impuesta, o se libran de encarcelamiento al aceptar la deportación. Es decir, estos individuos reciben algún grado de impunidad pese a los crímenes cometidos. Mientras que los excarcelados que residen en territorio de los Estados Unidos requieren seguimiento legal una vez sus penas cumplidas, los deportados, cuando regresan al país de origen, no tienen estos requerimientos y son liberados en el seno de la sociedad sin ningún tipo de seguimiento o monitoreo.

El país receptor, por cuestiones legales, no puede imponer sentencias por crímenes extra-territoriales. Sin embargo, el país no cuenta con los mecanismos requeridos para integrar exitosamente esas personas a la sociedad.

Estas deportaciones se iniciaron de forma unilateral y hasta ahora no hay vigente un acuerdo entre los Estados Unidos y nuestro país, para el manejo legal y logístico de tales acciones. Los deportados, al llegar a República Dominicana, son inscritos en un registro de control en la Policía Nacional. Tenemos entendido que, gracias al trabajo de algunas ONG, se está dando algún tipo de asistencia social a estas personas.

Se tiene la percepción de que una gran cantidad de esos deportados son criminales de alto riesgo, algunos condenados por tráfico de drogas y otros por asesinato. Pero no únicamente pues una parte de los deportados ha cumplido condena por asuntos de violencia doméstica, asalto, no cumplimiento de órdenes de manutención de hijos, conductas inadecuadas en lugares públicos, etc. (Esta estratificación hay que hacerla con respecto a los dominicanos ya deportados y en lista para deportación, así como para determinar los niveles de estudio, nivel de conocimiento de español/inglés, profesiones técnicas, tipo de capacitación recibida en los presidios de los Estados Unidos, salud o problemas médicos o psicológicos, etc..).

Es de aceptación común que el aumento de la criminalidad en los países que han recibido gran cantidad de deportados y que no cuentan con ningún mecanismo de control, se relaciona directamente con la recepción masiva de ex presidiarios deportados. Aunque esto está todavía por demostrarse, esa es la percepción generalizada. Pero para completar el estudio sería preciso integrar algunos elementos que de alguna manera sirven de condicionantes para que en cualquier sociedad se incentive la conducta criminal, tales como, carencia de empleos, falta de atención medica, aislamiento social, etc.

Los estados de la Florida, Connecticut y Nueva York son los lugares de donde más deportaciones se producen. Nueva York es responsable de alrededor del 45% de los deportados hacia el territorio dominicano.

Aunque las deportaciones de ex presidiarios afectan directamente a nuestro país, el elemento de geopolítica del mismo está alcanzando niveles regionales, y en muchas partes del mundo, algunos gobiernos están reaccionando en contra de los efectos perjudiciales de esta política. En el caso del Caribe, el mismo viene siendo discutido vehementemente por varios países de la región. Cabe señalar que, como es de suponer, el tema es de gran preocupación para los grupos de inmigrantes establecidos en los Estados Unidos. Sin embargo, esta política goza de gran apoyo entre los ciudadanos norteamericanos.

Aunque los países receptores han hecho muy poco en términos legales para evitar el envío de ex presidiarios nacionales como deportados a sus territorios, el éxito de este programa solo se puede lograr si las respectivas autoridades nacionales y diplomáticas ofrecen apoyo legal y administrativo eficiente (verificación de la identidad de los individuos, emisión de documentos de viaje). Este mecanismo ha sido usado por varios países para obtener algún tipo de cooperación por parte de los Estados Unidos, en los esfuerzos para el manejo de seguridad y de recepción de los deportados.

En términos legales y operativos, muchos países del mundo (México, Cuba, Jamaica, Guatemala, Australia, Camboya, entre otros) han iniciado acciones diplomáticas y administrativas para lograr apoyo legal y financiero para aliviar el impacto recibido por las deportaciones masivas de ex presidiarios hacia sus territorios.

La deportación de ex presidiarios a nuestro país además de tener una dimensión legal y de seguridad, tiene una dimensión humana que afecta a los deportados mismos. Nuestro país no ha estado preparado para responder a ninguno de esos desafíos.

La dimensión humana conlleva la recepción de personas que en muchos casos no tienen lazos familiares en la República Dominicana, ni ningún medio de apoyo social o económico. En muchos casos, los deportados emigraron a los Estados Unidos cuando pequeños y el inglés y las normas culturales de Estados Unidos son las predominantes en su personalidad. En muchos casos, las únicas puertas abiertas que les quedan a estas personas son las de emigrar ilegalmente de nuevo a los Estados Unidos, o dedicarse a actividades criminales para procurarse medios de subsistencia.

Un rasgo personal de esta situación es que los deportados, en la mayoría de los casos, son separados de sus familias en los Estados Unidos, no tienen medios de subsistencia propia y carecen de formación técnico profesional y personal para integrarse exitosamente en nuestra sociedad. En algunos casos, no hablan suficiente español ni conocen nada sobre el país.

La sociedad dominicana ha reaccionado en forma negativa a la inserción de deportados en sus comunidades y al momento nos encontramos con una situación, percibida o real, que da base al rechazo de esas personas.

El programa de deportación es una realidad geopolítica que requiere una respuesta pragmática. Uno de los elementos de esa respuesta requerirá discusiones con las autoridades competentes de los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal, para buscar asistencia legal y financiera, así como modalidades operativas para manejar este asunto en forma integral. Cabe señalar que los Estados Unidos ha suscrito acuerdos multi y bilaterales sobre el tema de expatriación de encarcelados dee su territorio con 12 países, con la OEA y el Consejo Europeo. Seria importante que el país investigara los aspectos y precedentes legales de esta situación.

Propuesta

Atendiendo a los requerimientos legales, de seguridad y sociales relacionados a esta situación en la República Dominicana, se propone la construcción de un centro de recepción multi-dimensional y multiservicios, para recibir a los deportados dominicanos desde los Estados Unidos, con el fin de ofrecerles ayuda para integrarse a la sociedad dominicana en forma productiva, sin estigma y de pleno derecho.

Se propone construir una planta física que albergue un centro de rehabilitación de mediana seguridad, consistente de: áreas de dormitorios, escuela vocacional, aulas de formación personal, servicios médicos, psicológicos y legales, área de ejercicios, área de visitas y áreas de ejercicios y deportes. Estas facilidades contarían con un personal especializado y debidamente capacitado: agentes de corrección, psicólogos, trabajadores sociales, profesores técnicos y de educación general, personal de administración y abogados. No proponemos un lugar de esparcimiento, sino un lugar de procesamiento y retención temporal, si fuera necesario.

El objetivo es prestar amplios servicios a los ingresados, y que estos contribuyan a su formación personal, técnica y educativa para asegurar su inserción en la comunidad. Estos servicios serán prestados directamente durante un periodo residencial de seis meses y de seguimiento luego de su salida de la institución por un año.

Esta institución también se encargaría de realizar una labor de educación comunitaria, para contribuir con la formación de una opinión pública de apoyo a estas labores y a la re-inserción de los deportados a nuestra sociedad.

Aspectos legales, operativos y financieros de esta propuesta.

Se requerirá la formación de una Comisión Ejecutiva, bajo decreto presidencial, con altos representantes del Gobierno, tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana, que tendría la responsabilidad de elaborar la propuesta final, a ser aprobada por el Presidente de la República.

Asimismo, se constituiría un equipo operativo que se encargaría de hacer el diseño técnico de las instalaciones, elaborar los procedimientos internos operativos, el presupuesto requerido y la identificación de las instancias para la captación de recursos financieros y técnicos, tanto en el país como en los Estados Unidos. Este equipo estaría bajo la dirección de un Secretario Ejecutivo, que le serviría de apoyo y respondería al comité ejecutivo.

La Comisión Ejecutiva tendría personalidad jurídica para contactar dirigentes nacionales y en los Estados Unidos, y lograr asistencia de cooperación técnica, profesional y económica, bajo la asesoría del ministerio o entidad del gobierno dominicano facultado para tales acciones.

Luego de la aprobación de esta propuesta por parte del Señor Presidente, se elaboraría un documento de proyecto definitivo de acción para su ejecución. Ese documento debería ser completado en un periodo de dos meses, a partir de la aprobación de la propuesta. La ejecución del proyecto debe ser realizada en un periodo de seis meses.

Se aconseja como parte de la elaboración del proyecto definitivo, identificar en el país posibles fuentes de financiamiento (por ejemplo, a través de los recursos incautados a traficantes en el territorio nacional) así como explorar con las autoridades de los Estados Unidos, federales y estatales, sobre fuentes de asistencia técnica y financiera a través de programas tales como U.S. Reimbursement or Aid Prison Construction and Rehabilitation Programs, programas de cooperación con la Autoridad de Seguridad Nacional, USAID, programas de capacitación policial, subsidio para el mantenimiento de prisioneros todavía cumpliendo periodos de encarcelación que son transferidos al país, etc.

Estas son ideas abiertas al debate. En ese sentido, cabe saludar los esfuerzos oficiales en el país para la organización en el futuro próximo, de un seminario sobre este tema, con la participación de autoridades dominicanas y estadounidenses, ONG, sector privado y otras instituciones. Esa iniciativa abona a favor de la creación del centro cuyas ideas acabo de exponer.