De acuerdo cien por ciento en que debe existir un protocolo que norme y defina las relaciones entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, algo que se puso en evidencia, de manera descarnada, en el incidente en que se vio envuelta una fiscalizadora de La Romana que se resistió a ser fiscalizada por miembros de la institución del orden que le pidieron detenerse, a pesar de que andaba en un vehículo sin placa en flagrante violación a la ley.

Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus, propone que para evitar que se repitan situaciones tan desagradables, que laceran la imagen de dos instituciones que están llamadas a trabajar hombro con hombro, se elabore un protocolo similar al que se está diseñando dentro del proceso de transformación de la Policía Nacional sobre la manera en que sus miembros deben relacionarse con los ciudadanos de a pie.

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Desde luego, conociéndonos como nos conocemos no está demás advertir que una vez se alcancen ambos objetivos el siguiente problema será conseguir que se respeten los benditos protocolos, a los que por alguna razón nos cuesta tanto trabajo darles cumplimiento donde quiera que existan; que debe ser la misma que nos impide respetar algo tan simple, pero de gran importancia para la convivencia, como la luz roja de los semáforos. El desprecio por la ley se ha convertido en uno de nuestros rasgos distintivos, lo que no es motivo de orgullo aunque algunos compatriotas se ufanen de que les va con su tigueraje.

Alguien volverá a decir que ese desprecio por la ley y el orden es producto de la falta de un régimen de consecuencias. Y cuando miramos hacia las autoridades responsables de velar por su cumplimiento, de hacer valer el peso de las consecuencias que impone la ley, nos damos cuenta de que ahí es donde está el problema, pero también de que no les interesa resolverlo, como vemos todos los días en las calles –para citar un ejemplo– con los motoristas que no respetan nada ni a nadie.