Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de Florida (EE.UU.) busca que los perros no saquen la cabeza por la ventanilla del conductor de un vehículo, según lo plantea la normativa que, de aprobarse, también prohibiría a dueños y veterinarios arrancar las uñas de los gatos.

La iniciativa SB 932 no permite que un perro “extienda su cabeza o cualquier otra parte del cuerpo fuera” de la ventanilla del conductor de un automóvil en movimiento, según lo plantea el texto del proyecto legislativo, presentado dentro de las disposiciones de Bienestar Animal.

La regulación fue presentada este mes por la líder de la minoría demócrata del Senado de Florida, Lauren Book.

De ser aprobada, prohibiría a los conductores sostener a un perro en su regazo o mantener al animal en el maletero del vehículo o en la plataforma de un camión, recoge este martes el medio local Tampa Bay 10.

De esta manera, la medida requiere que el perro se mantenga en una jaula del tamaño adecuado, en el regazo de una persona que no esté conduciendo o de lo contrario con un arnés o cinturón de seguridad para mascotas.

Quien viole esas disposiciones, añade, estaría cometiendo una “infracción de tránsito no penal».

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Con respecto a los gatos, el proyecto SB 932 prohíbe “que una persona le quite las garras a un gato dentro de este estado”, según el texto de la propuesta.

Así, cualquier veterinario que le arranque las garras a un gato podría recibir multas de hasta 5.000 dólares, ser puesto en libertad condicional o perdería su licencia.

Los dueños de gatos que les quiten las garras a sus felinos podrían recibir una multa de hasta 1.000 dólares, detalla la propuesta legislativa, aunque otorga excepciones si el procedimiento es médicamente necesario, lo que no incluye “razones cosméticas o estéticas».

También la propuesta de ley prohíbe cualquier tipo de “prueba cosmética en animales” y contempla multas por experimentos con animales de hasta 5.000 dólares.

La SB 932 se presentó la semana pasada en la Legislatura y, para convertirse en ley, tendría que ser aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de Florida y luego firmada por el gobernador, Ron DeSantis.

De salir adelante, entraría en vigor el 1 de julio de 2023, recoge la web del Senado de Florida.