Momentos en que la tasa de incidencia de una enfermedad en estado epidémico (caso de la Covid-19) se coloca por encima de las enfermedades con las cuales compite para diagnóstico diferencial, los epidemiólogos tenemos la prerrogativa de recomendar que se otorga prioridad al diagnóstico epidemiológico, subordinando el diagnóstico de laboratorio.

Esta tesis es perfectamente válida tanto para la morbilidad como para la mortalidad; es decir, si alguien tiene signos o síntomas compatibles con el nuevo coronavirus debe ser diagnosticado como Covid-19 sin necesidad de pruebas de laboratorio; y si alguien muere a consecuencia de un cuadro clínico compatible con coronavirus, debe ser sepultado como tal, a menos que exista una prueba de laboratorio que establezca lo contrario.

La pandemia Covid-19 en la República Dominicana, con un índice de pruebas positivas superior a 40%, y un índice de ocupación de camas hospitalarias sobre el 90% en las provincias y municipios más densamente poblados del territorio dominicano, demanda de acciones y decisiones que superen las tibias y vacilantes recomendaciones internacionales, especialmente cuando se sabe que a partir de dichas recomendaciones los países que las siguen no han parado el crujir de dientes. Al parecer nadie ha reflexionado sobre el viejo postulado: “LA PEOR IGNORANCIA ES ESPERAR RESULTADOS DIFERENTES HACIENDO LO MISMO”.

Independientemente de que el nuevo coronavirus es agresivo, virulento y altamente contagioso, el impacto negativo en la salud y en la economía mundial, regional y local, es debido principalmente a que la pandemia ha ocurrido momentos en que los seres humanos somos testigos de la más absurda incapacidad gerencial y política a nivel mundial, donde el común denominador son las improvisaciones, contrasentidos, palos a ciegas, languidez en la toma de decisiones, y muy tristemente, el hecho de que la gestión de la pandemia ha sido permeada por intereses económicos y políticos, donde el control de la enfermedad y de la muerte quedan subordinados a ambiciones políticas, y a los intereses de la industria que se ceba con la desgracia del humana.

En meses pasados habíamos advertido con nuestros escritos sobre la inutilidad de las pruebas rápidas en el control del contagio del nuevo coronavirus, enfatizamos que dichas pruebas constituyen un caldo de cultivo para aumentar el contagio en vez de disminuirlo; humildemente habíamos tratado de aclarar que esas pruebas rápidas (pruebas de antígeno anticuerpo) sirven para tres cosas: 1. Para estudios de incidencia o encuestas survey; 2. Para conocer la prevalencia de infecciones pasadas a través de la determinación de anticuerpos de larga duración; y 3. Para orientar la toma de decisiones. Nunca servirán para disminuir el contagio, ni las complicaciones, ni la mortalidad por coronavirus, de manera que es un contrasentido usarlas indiscriminadamente.

A la altura de las presentes circunstancias, donde ya está demostrado que las pruebas rápidas no sirven más que para otorgar un pasaporte de falsa seguridad a los que resultan negativos, al tiempo que aumentan la agonía de los sujetos que resultan positivos porque el siguiente paso sería abrirse espacio en la muchedumbre demandante de una prueba molecular PCR, estamos recomendando a las autoridades sanitarias del país, que quizá la decisión más oportuna en las presentes circunstancias, es dejar sin efecto la aplicación de las pruebas rápidas y también la aplicación de las pruebas moleculares PCR, otorgando prioridad al diagnóstico epidemiológico.

Lo anterior significa, que la autoridad sanitaria puede declarar que toda persona con signos o síntomas compatibles con Covid-19, sea diagnosticada como CASO DE SARS-COV-2 hasta prueba en contrario.

Una vez oficializado el diagnóstico epidemiológico, la autoridad sanitaria, con el concurso de los profesionales clínicos procedería a oficializar un KIT DE TRATAMIENTO BÁSICO, que puede diferenciarse para embarazadas, niños, adultos mayores, envejecientes, pacientes con condiciones de salud preexistentes, etc. Dichos kits de tratamiento básico podrían ser distribuidos casa a casa por los promotores de salud, recomendando a los individuos iniciar tratamiento básico ante la aparición del cualquier síntoma compatible con coronavirus.

Con esa normativa, el país tendría las siguientes ventajas para el control del contagio de la Covid-19:

1. Resolución del estrés del personal sanitario.

2. Descongestionamiento de los hospitales.

3. Disminución de la demanda en los servicios de laboratorio.

4. Disminución de demanda de consultas hospitalarias

5. Disminución de la demanda de hospitalización.

6. Resolución de la incertidumbre ciudadana generada por la demanda insatisfecha de pruebas. diagnósticas.

7. Disminución de las complicaciones y de la mortalidad debido a que el paciente recibe tratamiento temprano de forma oportuna.

8. Ahorro de los costos astronómicos de las pruebas de laboratorio, que pueden ser destinados a educación para la prevención, y al suplido de mascarillas gratuitas.

9. Disminución de las complicaciones y de la muerte, debido a que los profesionales sanitarios podrán prescribir un kit de tratamiento básico sin necesidad de pruebas de laboratorio.

10. Las pruebas rápidas no tendrían demanda para diagnóstico y podrían preservarse para encuestas locales de incidencia de infección y para conocer la prevalencia de inmunidad natural.

11. Las pruebas moleculares PCR sólo se aplicarían a pacientes hospitalizados si fuese necesario, pues se dispone de diagnóstico radiográfico y de pruebas de laboratorio complementarias.

12. Retomar el control del contagio para regresar a la desescalada en más corto plazo.