El presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Amaury Ramírez, denunció que cerca de 100 psicólogos que laboran en hospitales han sido cancelados de sus puestos, de los cuales el 80% son mujeres, en algunos casos tienen licencia médica, están embarazadas y en otros tienen más de diez años en el servicio público.

Por ello, anunció Ramírez, a partir del día de hoy suspenderán los servicios que ofrecen. Y es que, apuntó, tampoco les han pagado los incentivos acordados por el trabajo de acompañamiento a los usuarios del servicio de salud mental.

“Rechazamos las desvinculaciones masivas de cerca de cien psicólogos y consideramos inapropiada la manera en la cual se ha venido tratando a los profesionales de la conducta. Y exigimos el pago acordado por el trabajo que han venido realizando desde el inicio de la pandemia los psicólogos, tanto de manera presencial como virtual”.

De igual manera, destacó la preocupación por el aumento de situaciones conductuales que muchos ciudadanos están padeciendo. “Nuestra misión siempre ha sido servir a la nación a través de cada una de nuestras especializaciones pero bajo el actual contexto es imposible seguir ofreciendo atención de calidad”.

Covid-19 y salud mental. En cuanto a las secuelas que en la salud mental deja la pandemia de covid-19, la psicóloga María de los Santos dijo que desde marzo de este año han atendido de manera presencial y virtual a 11,105 familias con problemas como aumento de la depresión, ansiedad, estrés postraumático, conflictos de pareja, ideas suicidas y consumo de alcohol y drogas, entre otros.

De los Santos, quien representa a los psicólogos que laboran en la red pública de salud, dijo que los problemas de salud mental de la población registraban índices preocupantes antes de la pandemia y que ahora se han agudizado.

Tanto De los Santos como Ramírez plantean en ese sentido que las condiciones ya mencionadas deben constituir una alarma para las autoridades sanitarias que deben dar respuesta de manera eficiente, eficaz y oportuna a una población vulnerada a nivel de salud mental por la pandemia y otra que debe recibir atenciones por considerarse afectada desde antes de que llegara el coronavirus.