Javier Herrera 
Luego de que un video se viralizara en las redes sociales sobre un impase del pasado 15 de junio de este año entre una fiscalizadora de Higüey, en la provincia La Altagracia, y una patrulla de la Policía Nacional, que provocó en la ciudadanía opiniones encontradas, nace la pregunta: ¿puede un fiscal o fiscalizador usar un vehículo sin placa?
La respuesta a la interrogante la dieron varios expertos en la materia: «Los vehículos que sean propiedad de los órganos públicos deben portar placa oficial, conforme al artículo 163 de la Ley número 63-07, que prohíbe en su artículo 189.1 conducir vehículos de cualquier tipo sin matrícula ni placa», opinó Julio Cury, reconocido jurista. Y añadió: «A su vez, el artículo 165 exige que la placa delantera y trasera estén ubicadas en lugares visibles».
Sin embargo, a juicio del también abogado Bunel Ramírez, quien entiende que un fiscal, igual que cualquier ciudadano, no está autorizado a transitar con un vehículo sin documentación ni placa porque es contrario a la ley, «una vez identificado el funcionamiento en falta, los protocolos policiales deben ser distintos en razón de que generalmente esos vehículos tienen características de oficiales, porque son o han sido parte de procesos penales y se encuentran en poder del Ministerio Público.
Ramírez consideró que los policías debieron limitarse a rendir un informe a sus superiores y éstos a su vez tramitarlo a las autoridades de la fiscalizadora para que procedan legalmente.
Una tercera opinión del también jurista Whenshy Wilkerson, que coincide con sus colegas consultados por este diario, puntualiza que el incidente como el que protagonizaron la fiscalizadora y los uniformados «es una práctica de los mismos policías, de fiscales y agentes de la Digesett (Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre), que usan vehículos sin placas porque creen que el poder está en su puesto y no en la ley».
Wilkerson dijo además que la Policía debió requerirle identidad a la funcionaria del órgano acusador y procedía una disculpa sin exponer al público las «debilidades del sistema».
«Estoy seguro que los mismos miembros de la Policía que habían hecho el operativo andaban en vehículos sin placa, y además, ninguno de ellos es miembro de la Digesett para mandar a parar por placa», aseguró el jurista.
El abogado señaló que la fiscalizadora no podía manejar ni circular con dicho vehículo en las calles ya que, como conocedora de la ley, sabía que estaba cometiendo un acto ilícito sancionado con uno a tres salarios mínimo de multa y la retención.
Más temprano, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso una investigación del incidente de la noche de ese 15 de junio.
«Germán Brito instruyó al Inspector General del Ministerio Público, Viterbo Cabral, y a la titular de la Procuraduría Regional de San Pedro de Macorís, Eudyce Fernández, para que hagan la investigación del incidente entre la fiscalizadora Carol Darisel Morla y los uniformados. Ambos deberán desplegar todas las diligencias de investigación para rendir un informe detallado de las circunstancias del hecho del que los agentes tomaron un vídeo que circula en redes sociales», indicó la Procuraduría.
El incidente
Un video que se ha virilizado en redes sociales, la joven fiscal identificada como Carol Daritsel Morla, fue detenida en un retén policial y al ser cuestionada sobre porqué se desplazaba sin placa, explicó que se debía a que el vehículo que conducía era propiedad de la Fiscalía de La Romana, lo que no impidió que los agentes procedieran a arrestarla.
Tras una acalorada discusión, la mujer condujo el carro marca Sonata, color gris hasta el destacamento y lo parqueó en la parte frontal, a lo que los agentes, en tono agresivo, le decían que debía moverlo, siendo desoídos por la funcionaria.
Le puede interesar: MP: red explotaba sexualmente a estudiantes de La Romana por hasta 175 dólares
Más tarde, la dama fue arrestada y obligada a mover el vehículo que estaba parado frente a la entrada del destacamento.
El hecho ha provocado aplausos por algunos sectores de la población, y condena por otros que creen que los policías no procedieron conforme a la ley.
