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San Juan. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que solicitará la activación de un proceso de quiebra tutelado por la Justicia para afrontar una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares.
Rosselló dijo que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida para atender la grave crisis financiera de la isla, acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), tras agotarse sin éxito la negociación entre el Gobierno puertorriqueño y sus deudores.
El título III, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y, tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor – en este caso el Gobierno-, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
De esta forma, Puerto Rico pasa a ser la primera jurisdicción estatal en la historia de Estados Unidos en pedir un rescate vía judicial.
En conferencia de prensa, el gobernador, quien notificó a la JSF este martes, indicó que la petición venía “con el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores».
Explicó que, tras “amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores, no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico».
La moratoria que impedía que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejó de tener efecto este martes. “Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores”, sostuvo el gobernador.
“El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, agregó.
“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, agregó el mandatario.
El gobernador destacó que de manera responsable su Administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo.
Esto representa un recorte de 80 % en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas Administraciones.
