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Aeropuerto de Punta Cana.
Tal como lo solicitó el Ministerio Público, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un nuevo imputado por el tráfico de 50 paquetes de cocaína, con un peso de 51.89 kilogramos, ocupados el pasado 9 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
La magistrada Francis Yojary Reyes Diloné, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, estableció la medida de coerción para Carlos Junior Soriano Doroteo, empleado del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, quien fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio Higüey.
Según consta en el expediente, Soriano Doroteo fue la persona que imprimió los tickets de dos maletas con la droga y los registró de forma fraudulenta a nombre de la pasajera Julia Benoit de la Cruz, quien saldría del país por la terminal aérea en un vuelo con destino a Bruselas.
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Por su vinculación con este caso, recibió tres meses de prisión preventiva en una audiencia anterior el imputado Sauris Martínez Castro, quien también cumple la medida en el CCR Anamuya. El Ministerio Público le imputa asociarse a otras personas para dedicarse al tráfico ilícito de sustancias controladas y le atribuye haber conducido la camioneta color blanco en la que se presume fueron trasladadas a la terminal aérea las dos maletas que contenían la droga.
Luego de la ocupación de la sustancia narcótica, las autoridades procedieron también al arresto de Benoit de la Cruz y de Moisses Benjamín Lizardo Raposo, el empleado de Assist Air Group que facturó los equipajes.
En el proceso, el tribunal le impuso a Benoit de la Cruz la presentación de una garantía económica de RD$20,000 mientras que Lizardo Raposo quedó bajo el cuidado y vigilancia de un garante. Ambos tienen impedimento de salida del país y deberán presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
El órgano persecutor señala en torno al caso que, al llevar las maletas al área de chequeo de Rayos X, ocupó en cada una la cantidad de 25 paquetes, para un total de 50 paquetes de un polvo blanco que, tras ser analizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se estableció que era cocaína clorhidratada.
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 4, letra D; 5, letra A; 58, 59, 60 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, indica un comunicado de prensa del Ministerio Público.
