El reconocimiento hecho público por la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita el país de la posición de liderazgo que mantiene la República Dominicana en la región en materia de crecimiento económico, que atribuye a la estabilidad política, al manejo monetario y fiscal, y a la buena gobernanza, no evitará que el informe que rendirá finalmente la misión ponga de nuevo la atención en la necesidad de que se siga trabajando en la consolidación fiscal, proceso que tuvo un tropiezo al abortar el proyecto de reforma fiscal presentado por el Gobierno y que las autoridades no contemplan retomar.

Se recuerda que en el informe presentado en julio de 2024 por penúltima misión del FMI que visitó el país advertía que “resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones, en paralelo con una reducción de la evasión fiscal y mejora en la eficiencia en el gasto, incluidos menores subsidios al sector de la electricidad y menores transferencias no focalizadas”.

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Ésta es una tarea pendiente, necesaria para dar profundidad y sostenibilidad a la reducción de la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB) y para que la inversión pública no siga en los precarios niveles en que se encuentra. En el año 2024 la inversión pública fue de sólo 80,000 millones de pesos, apenas un poco más del 1% del PIB.

La economía dominicana creció en 5% en 2024 y para 2025 se proyecta que el crecimiento será un poco menor, de 4.5%, lo que indica que perderá fuerza y que, en consecuencia, estamos en momento en que la inversión podría ejercer el rol de inyectar dinamismo a la actividad económica.

Si se hubiera hecho la reforma fiscal hubiésemos podido crear, como había sugerido la penúltima misión del FMI, un espacio fiscal adicional que nos hubiera permitido proporcionar recursos para el gasto necesario en desarrollo (incluida infraestructura resiliente a los desastres).

Otro punto al que prestará atención el FMI es el de las pérdidas del sector eléctrico, que el año pasado alcanzaron el 37.6%, un nivel muy alto.

S in embargo, el FMI podría señalar como esperanzadoras, para bajar las pérdidas, la inversión para la instalación de medidores que se está haciendo.

Recientemente el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) anunció que las empresas distribuidoras instalarán este año 500,000 medidores con tecnología avanzada, elevará a dos millones la cantidad de este tipo de medidores avanzados instalados.

Esto permitirá la telemedición, el telecorte, la reconexión remota y la reducción de las pérdidas.

Se espera que estas inversiones resulten en una disminución de las transferencias que hace el Gobierno al sector eléctrico, lo cual sería de gran ayuda porque reducen las presiones sobre el fisco y harán desaparecer la necesidad de una reforma que conduzca a una solución fiscal que permita un manejo holgado de las finanzas públicas.