No asumir los riesgos sería peor que el dar una debida respuesta con mejor planificación de nuestras ciudades y con una buena política de mitigación de riesgo

Aunque por el comportamiento que ha tenido en las últimas horas, se espera que Beryl no causará los mayores daños materiales y en vidas que su fuerza sería capaz de provocar, dado que en su trayectoria no se acercará mucho al territorio nacional, su desarrollo como huracán de alta intensidad y atípico (ha surgido antes de la época propia de huracanes) no dejará de tener su costo financiero, porque alimentará la alta siniestralidad en la región, lo que se refleja en costos de reaseguros más altos y, consecuentemente, en mayores precios de los seguros.

Este evento de la naturaleza se agrega a otros que se han producido en el Caribe y particularmente en la República Dominicana, que revelan un aumento de la siniestralidad, provocada por el cambio climático.

Es sabido, y Beryl viene a confirmarlo una vez más, que la República Dominicana corre un alto riesgo de sufrir desastres causados por amenazas de la naturaleza, pues como pequeño Estado insular en desarrollo del Caribe, sufre frecuentes ciclones y tormentas tropicales.

Históricamente, las inundaciones han afectado a la mayoría de la población, y el impacto de las fuertes lluvias se ve agravado por las características topográficas del país.

El huracán Fiona, que pasó por el Este del país en septiembre de 2022, nos dio una muestra de qué tan reales son los riesgos: dejó pérdidas por US$375 millones, de los cuales el sector asegurador pagó US$120 millones, debido a que afectó a una zona que tiene un alto índice de aseguramiento.

El mes de noviembre de los dos últimos años también ha hablado con claridad: la cantidad de aguas que produjeron las lluvias en RD no se habían registrado en el último siglo.

O sea, el país está expuesto tanto a desastres hidrometeorológicos como geofísicos.
No es casual que República Dominicana ocupe el puesto 40 de 193 países en cuanto a vulnerabilidad a los riesgos de catástrofe.

Ante esa realidad, hay ausencias que agravan la situación.
En primer lugar, el país no cuenta con una adecuada planificación de sus ciudades, lo que eleva el nivel de riesgo.

Tampoco cuenta con una política de mitigación de riesgo para identificar cómo financiar los daños, a pesar de la gran cantidad de personas que son afectadas: entre 1980 y 2022 ocurrieron en el país 74 grandes desastres de origen natural, que según cifras de un estudio del PNUD, afectaron a 7,22 millones de personas, más de dos tercios de la población del país.

Particularmente, las inundaciones afectaron a 4.36 millones de personas entre 1980 y 2022, sin que la mayoría de ellas contaran con planes de mitigación de riesgo.

Es un desafío que debe ser asumido tanto por el sector público como el sector privado, sobre todo en momentos en que la siniestralidad aumenta y los costos de seguros y reaseguros se incrementan.

No asumir los riesgos con planes de mitigación, a pesar de su costo, sería peor que el dar una debida respuesta con mejor planificación de nuestras ciudades y con una buena política de mitigación de riesgo.