Por Elka Scheker Mendoza

Es una pregunta repetida en los círculos empresariales y de abogados dentro de los que se generó una altísima expectativa sobre este novedoso mecanismo para ejecutar proyectos de infraestructura y servicios públicos con la participación del sector privado. El propio Presidente Luis Abinader, en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto del 2020, expresó su confianza en las alianzas público privadas y mencionó proyectos concretos que serían puestos en marcha bajo esta modalidad de contratación.

Las alianzas público-privadas, tras la promulgación de la Ley Núm. 47-20 en febrero del año 2020, dejaron de ser un término genérico y amplio para referirse a las distintas formas de colaboración entre agentes públicos y privados y se convirtió en una modalidad contractual regulada, con requerimientos específicos en cuanto a su forma de presentación, evaluación, licitación y adjudicación. Además se confió a una nueva institución – la Dirección General de Alianzas Público- Privadas (DGAPP)- la competencia técnica para llevar a cabo los complejos procesos y supervisar a largo plazo la exitosa ejecución de estas contrataciones.

Esa institución, a la cual se le asignó un rol y responsabilidad estelar, no se había creado. No existía su piso, su techo, su presupuesto ni sus especializados recursos humanos. No obstante esta situación de orden práctico, el 25 de agosto del 2020, en la primera sesión de su Consejo, la DGAPP anunció el interés en recibir iniciativas privadas en quince (15) sectores de la economía nacional, lo cual despertó un gran apetito en el sector privado que comenzó a preparar y proponer proyectos.

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No hay que ser expertos en la legislación, ni tener conocimientos profundos de gestión pública para darnos cuenta de que no existía capacidad real de implementación inmediata de la Ley, ni recursos para evaluar los proyectos recibidos y menos aún ejecutarlos con celeridad. A esto se sumó la asignación a la DGAPP de la puesta en marcha de grandes diseños de intervención municipal como Pro Pedernales y a su director ejecutivo, de asumir, si bien temporalmente, otras urgentes funciones como supervisar proyectos de leyes, programas comunitarios, entre otras.

Creo que desdeñar el extraordinario trabajo realizado por la DGAPP ante tantas responsabilidades y expectativas es mezquino e irresponsable. Pero tampoco ha sido justo para tantas empresas que han dedicado tiempo y esfuerzos en cumplir con los requisitos de presentación de proyectos y que han asumido los altos costos de los estudios de prefactibilidad ver en un limbo iniciativas elaboradas con mucha seriedad.

La factura que injustamente paga una iniciativa legal que aspiraba a construir confianza en la capacidad de ejecutar proyectos con el sector privado con transparencia es muy alta. Se corre un riesgo real de desechar la norma, desestimar las evaluaciones que ameritan los proyectos