El debido proceso de ley puede ser un obstáculo para la aplicación de la ley cuando hay un enfrentamiento entre lo justo y lo legal.

Pepín Corripio solo llamó dos veces a Radhamés Gómez Pepín, director de El Nacional, para felicitarlo por sendos editoriales que no sabía habían sido escritos por mí.

El primero se refería al reclamo de respeto al debido proceso por parte de Abimael Guzmán, implacable jefe guerrillero del grupo Sendero Luminoso, peruano, que regenteaba bajo el seudónimo de Camarada Gonzalo, El Nacional opinó que la democracia no debía favorecer a un delincuente porque sería una burla a la justicia, aunque fuera legal.

Ante un editorial en elogio a Santiago de los Caballeros, donde nació Radhamés, Corripio pensaba que debió ser escrito por él, pero fui yo el autor.

El viejo enfrentamiento entre justicia y ley, entre humanidad y regulaciones se presenta día a día y solo los jueces más avezados, más instruidos, más humanos, son capaces de impartir justicia. No todo lo escrito es eterno.

Desde siempre se afirma que el rumor público mueve la acción pública. Quizá sería mejor decir el rumor público debe mover la acción pública.

De ser aceptado el concepto, muchos funcionarios del gobierno pasado deben ser impedidos de viajar al extranjero y sometidos a una vigilancia especial, discreta pero constante, para que no puedan salir del pais, en lanchas, aviones privados o por tierra.

Deben ser objeto de una investigación profunda y exhaustiva de sus manejos de los fondos públicos y cómo y por qué aumentaron sus bienes de manera significativa si ni siquiera juegan la loto de España o las loterías multimillonarias de Estados Unidos.

Si alguien alega que algunos pudieran esperar largo tiempo, hasta que terminen las auditorias de sus bienes y sus ejecutorias, no importa, todo sea en pro de la transparencia y de la verdadera justicia.

Cada vez que los liberales llegamos al poder, toda suerte de obstáculos son colocados en el camino para que sea más difícil de transitar o para que sean imposibles de superar.

Juan Bosch no supo gobernar porque no se supo mantener en el poder. Tuvo fuerzas muy grandes que le llenaron la vía de abrojos, alambres de púas y le echaron en contra la Iglesia Católica y los curas. No supo manejarse con los poderes fácticos.

Estamos ante una situación tal que la administración de la Constitución y las leyes, la justicia, está en manos del Partido de la Liberación Dominicana, amarrados jueces y fiscales, leyes y reglamentos que favorecen su permanencia, aunque no sea conveniente para el país.

Cualquier intento de corregir esa situación de fuerza y de abuso provocará un grito que llegará a la Corte Internacional de La Haya.

Necesitamos actuaciones justas y humanamente aceptables. Adelante y valor.