En pleitos de abogados es mejor no meterse, sobre todo si uno no tiene velas en el proceso, pero algunas cosas hemos aprendido en los juicios por corrupción, empezando por el caso Odebrecht, que nos permiten adivinar, con la ayuda siempre valiosa del sentido común, el propósito de sus acciones, algunas de las cuales parecen dirigidas, paradójicamente, a perjudicar los intereses de sus clientes.

Estoy hablando, para no darle más vueltas, de la decisión de la barra de la defensa del exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, el general Jesús Camilo de los Santos Viola, imputado en el caso Coral 5G, de recusar a la jueza Kenya Romero bajo el alegato de que su imparcialidad está comprometida. La acción fue rechazada por los abogados de otros imputados, que consideran que ese recurso es “totalmente improcedente y extemporáneo”, además de que se constituirá en un factor que retrasará el conocimiento de la medida de coerción, aplazada sin fecha, con la que esperan obtener la libertad de sus defendidos.

Esos mismos abogados afirman que la recusación, al igual que el recurso de hábeas corpus sometido previamente, será también rechazada, “porque no hay ningún tipo de violación fundamental”. ¿Y eso no lo saben sus abogados? ¡Claro que lo saben! Y como saben eso y mucho más, lo hacen de esa manera.

En los corrillos judiciales opinan que el objetivo de esos incidentes es, precisamente, retrasar el proceso para ganar tiempo para estudiar el voluminoso expediente acusatorio.

Pero a lo mejor las razones para que esos abogados, a los que vemos en los medios y redes sociales acusando al Ministerio Público de “implantar el terror” y a los jueces de ser sus “sellos gomígrafos”, se comporten de esa manera sea mas simple y mercurial: solo están tratando de justificar, de la manera que mejor saben hacerlo, la millonada que le están cobrando a su cliente, para lo cual la exposición mediática resulta absolutamente imprescindible.