Los asesinos del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez trataron de desviar la atención hacia el crimen organizado o la saña conque el narcotráfico ajusta sus cuentas al utilizar una cadena y dos blocks para amarrar su cadáver antes de arrojarlo a un arroyo de poca profundidad en Manoguayabo, un toque dramático que puso a volar la imaginación de mucha gente y hasta pareció darle la razón al infame tuit de un rencoroso abogado que atribuyó la muerte del malogrado profesional a sus presuntas relaciones con el bajo mundo. La maniobra de distracción no logró despistar a los investigadores, como ya se sabe, pero sí provocó gran sorpresa y consternación en una sociedad que si bien aceptó, casi por inercia, el carácter endémico de la corrupción nuestra de todos los días, no sabía que las cosas podían llegar tan lejos ni que fuera necesario asesinar de esa manera al abogado, quien habría estado extorsionando al director de la OMSA, el dirigente peledeísta Antonio Rivas, que según la fiscal Olga Diná Llaverías aceptó pagarle 4 millones de pesos para evitar que llevara a la justicia sus denuncias de corrupción. El funcionario fue destituido ayer por el presidente Danilo Medina debido a su vinculación con el crimen, en el que también habrían participado otros tres empleados de la institución, pero todavía hay muchos cabos sueltos y demasiadas preguntas por responder. En lo que llegan esas respuestas estoy seguro de que lloverán los análisis y explicaciones sobre este nuevo escándalo de corrupción de los peledeístas, pero yo solo digo que la impunidad que aquí protege y estimula a los corruptos es la principal responsable de que hayan terminado por creer que también se vale mancharse de sangre las manos.