Uno entiende, y sobre todo respeta, las opiniones de quienes piensan que la publicación de informaciones y detalles sobre los casos de corrupción que lleva el Ministerio Público afectan la presunción de inocencia de los imputados, y que las audiencias de medidas de coerción de esos procesos, dado el interés que despiertan, se constituyen en “juicios anticipados”.

Y habría que darles la razón cuando se piensa en el impacto que generó la participación del mayor Raúl Alejandro Girón, acusado junto al mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros oficiales de pertenecer a una red que habría defraudado al Estado por mas de tres mil millones de pesos.

Pero sin el destape que protagonizó, nunca nos habríamos enterado del esquema que le permitió a los acusados apropiarse de los recursos destinados al pago de sueldos y especialismos de los cuerpos armados, ni de la insultante impunidad conque lo hacían. Tampoco nos habríamos enterado de la forma en que se estafó al Estado, a través de las Edes, con mas de 20 mil millones de pesos, sino fuera porque se dieron a conocer detalles contenidos en la acusación presentada contra 25 empresas y 15 personas que se habrían beneficiado de la estafa.

¿Perjudican esas informaciones la presunción de inocencia de los acusados ante los ojos de la opinión pública? ¡Claro que sí! Pero su culpabilidad dependerá de las pruebas que aporte el Ministerio Público para convencer a los jueces de que cometieron los hechos, y hay que confiar en que así será no obstante el ruido que han provocado esos procesos en una sociedad ansiosa por ver a los corruptos tras las rejas.

Pretender que esas informaciones no salgan a la luz, o que se juzgue a los corruptos a puertas cerradas, con total secretismo, sería privarnos de esa catarsis necesaria (llámese circo o show mediático) y a la que tenemos derecho, pues será el pueblo el que tendrá que pagar los platos rotos en la larga parranda, financiada con dinero público, de los peledeístas.