Claudio Acosta 
Es demasiado benévolo el presidente de la Cámara de Cuentas, el doctor Hugo Álvarez Valencia, al atribuir a la costumbre criolla de dejarlo todo para última hora que al vencerse la prórroga que concedió a los omisos haya tantos funcionarios (más de 2 mil) que no habían entregado su declaración jurada de bienes, pues se trata de algo mas grave y serio que va mucho más allá del folklorismo o nuestra peculiar idiosincrasia.
Porque está claro que la resistencia, que en muchos casos es verdadero desafío, a cumplir con la ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional de Declaración Jurada de Patrimonio es parte de la cultura de impunidad que ha hecho de la corrupción en la administración pública el pan nuestro de cada día, mas que nada porque nunca ha habido consecuencias para quienes se niegan a cumplir con su mandato.
¿Será ahora diferente, gracias a los vientos de cambio que soplan desde el Palacio Nacional? El presidente Luis Abinader advirtió, en un tono que no dejó dudas de su determinación de hacer valer su advertencia, que los funcionarios de su gobierno que no cumplan con ese requisito quedarán automáticamente fuera de la administración.
Que así sea, pero esperemos a que las palabras se conviertan en hechos para celebrar el acontecimiento. Esperemos también que, vencido el nuevo plazo concedido por la Cámara de Cuentas, su presidente remita a la Procuraduría General de la República, como prometió, el listado de los funcionarios que no cumplieron la ley para que allí se tomen las acciones correspondientes.
Eso sobrecargará aún mas de trabajo a la Procuraduría, donde uno de sus funcionarios acaba de revelar que en el PEPCA hay mas de 300 expedientes de manejos irregulares durmiendo el sueño eterno desde hace 17 años, pero confiemos en que eso no será causa ni motivo de que, también en esta ocasión, funcionarios entrantes y salientes se burlen de la ley sin que les pase absolutamente nada.
