Tranquiliza saber que la Procuraduría General de la República asumió la investigación, con el auxilio de personal técnico del Ministerio de Defensa, del sabotaje al sistema de iluminación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), que afectó la operación de quince vuelos, provocó pérdidas millonarias, y puso bajo cuestionamiento la seguridad de esa terminal.

Y si digo que tranquiliza es porque todavía ayer el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) seguía insistiendo, como el primer día, en la versión de los cables incendiados y el cortocircuito.

Según El Nacional los investigadores del Ministerio Público solicitaron a las empresas de servicios aeroportuarios una lista del personal que laboró ese día, y ya se iniciaron los interrogatorios al personal militar y policial perteneciente Cesac que se encontraba de servicio.

Todo indica que el Gobierno se llevó de consejos y asumió investigar, con toda la seriedad que un hecho de esa gravedad amerita, lo que sucedió y porqué sucedió, y lo que se dice es que fue el propio presidente Luis Abinader, preocupado por las implicaciones de ese incidente para un país que vive del turismo y de la imagen que proyecta al mundo, quien ordenó que la Procuraduría asuma las pesquisas.

Es verdad que ningún aeropuerto del mundo es cien por ciento seguro, pues se trata de una afirmación que nadie, con sentido común y dos dedos de frente, se atrevería a discutir, ni es lo que se está discutiendo en este caso.

Pero cuando algo así lo dice el responsable de la seguridad de un aeropuerto luego de lo que pasó en el AILA se parece mas a una excusa, a una torpe justificación, que a una explicación de lo ocurrido. De lo que esperamos enterarnos, con Dios delante, cuando concluyan las investigaciones que inició la Procuraduría, la misma que le ha puesto un pie en el cuello a la corrupción.