¿Qué pasó realmente con la licitación de las jeringuillas, anulada por Salud Pública en medio de críticas y cuestionamientos, que algunos medios le dan categoría de escándalo, debido al precio de referencia utilizado?

La pregunta sigue en el aire debido a las pobres explicaciones ofrecidas por las autoridades de Salud para justificar la decisión, ya que prefirieron salirse por la tangente eludiendo referirse al precio que pagarían, origen de los cuestionamientos, en lugar de reconocer lo que todo el mundo sospecha; que alguien estaba tratando de ganarse unos cuartos, como tantos oportunistas desalmados que aquí y en todas partes del mundo han querido aprovecharse de la pandemia, de la desgracia colectiva, para hacer buenos negocios.

Como lo que pasó no fue cualquier cosa, porque quien intenta cometer un delito a veces es tan culpable como el que llegó a cometerlo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició una investigación “de oficio” de la supuesta sobrevaluación, estimada en un 600%, en la compra de esas jeringuillas, para determinar si los involucrados cometieron irregularidades que ameriten su sometimiento a la Justicia.

Mientras el escándalo que se quiso eludir crece como bola de nieve, el Ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, declaró ayer que se mantendrá vigilante y atento a cada detalle de los procesos de licitaciones, lo que sabemos es materialmente imposible como lo demostró el gol que estuvieron a punto de meterle, delante de sus propias narices, con las jeringuillas sobrevaluadas.

Y lo mismo puede decirse del Director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien también anunció que investigará la abortada licitación, pues si esto sigue como va tendrá que aprender a dormir con un ojo abierto y el otro cerrado si quiere evitar que los que buscan hacer buenos negocios, a costillas del Estado, en medio de la pandemia, se llenen los bolsillos.