Ojalá que las autoridades del Ministerio Público, que acaban de anunciar el apresamiento de 4 directivos de Coopegas, propietaria de la envasadora de GLP que se incendió provocando la muerte de 11 personas en Licey al Medio, puedan poner un ejemplo, para que podamos tener la garantía, de ahora en adelante, de que las instituciones responsables de supervisar y fiscalizar ese tipo de negocios, que en este caso incluye también al IDECOOP, cumplan con esa responsabilidad.

El fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez, informó que los detenidos son Aurelio Concepción, presidente de la empresa; Héctor Ramón Vásquez Sandoval, gerente general; Roberto Antonio Polanco, encargado de operaciones, y Emilio Yan, encargado de la estación afectada, para quienes pidió prisión preventiva de ocho meses acusados de homicidio involuntario.

El funcionario explicó que según el reglamento del Ministerio de Industria y Comercio, que no cumplió con su responsabilidad de asegurarse de que la envasadora operaba conforme a las normas y reglamentos que estableció, exige tres condiciones básicas para operar ese tipo de planta y allí fallaron todas.

Y citó, entre las negligencias que le atribuye a sus operadores y propietarios, el hecho de que fuera un vigilante, que también falleció en el incendio, quien se ocupara de encender los motores para habilitar el servicio que ofrecía al público.

Pero esas negligencias, a las que necesariamente hay que ponerles el apellido de criminales, también son endosables a las instituciones responsables de que ofreciera sus servicios dentro de los parámetros de seguridad que evitaran, precisamente, la tragedia que hoy lamentamos.

Por eso digo que lo deseable, para que se haga verdadera justicia, es que el Ministerio Público, que por fin está haciendo lo que hace tiempo debió hacerse y quién sabe cuántas muertes se hubieran evitado, siente también en el banquillo a los funcionarios públicos que no hicieron su trabajo.