Hoy 
Objetores y críticos del nuevo Código Procesal Penal se han empeñado a fondo en vender la idea de que este ofrece excesivas garantías a quienes delinquen, al extremo de que el presidente Leonel Fernández ha tenido que salir públicamente en su defensa al descartar que su aplicación sea responsable de la ola de criminalidad que le ha robado al sosiego a la familia dominicana. Sería bueno saber, sin embargo, qué opinan esos críticos y objetores del caso de un hombre en Nagua, al que un grupo de desconocidos asesinó de cinco balazos el pasado martes mientras se encontraba en su casa.
Sometido a la Justicia en noviembre pasado acusado de dar muerte, junto a otros dos cómplices, a Roberto Lantigua Rodríguez, disfrutaba de libertad provisional concedida por una juez de instrucción, ante quien debía presentarse todos los viernes. Estamos hablando de las medidas de coerción que impone el nuevo código, bajo fuego cruzado por ser demasiado «garantistas» de los derechos de los imputados, pero que en este caso solo sirvieron -paradójicamente- para poner al supuesto beneficiario de esas garantías en la mira de sus asesinos.
Refugiados
Casi todo el mundo en este país sabe lo que es vivir arrimao, sea porque le ha tocado, en algún momento de su existencia, padecer tan ingrata condición, o porque algún amigo, pariente o allegado ha invadido su espacio vital con su impertinente presencia. Esa situación, empero, no es para nada extraña en un país pobre como el nuestro, donde tener un techo propio sigue siendo un sueño imposible de lograr para gran parte de la población, y hasta puede convertirse, en determinadas circunstancias, en algo positivo y hasta ventajoso. Ha sido precisamente gracias a esa realidad que las autoridades del Comité Nacional de Emergencia, que encabeza el mayor general retirado Luis A. Luna Paulino, han logrado evitar que los damnificados de las recientes inundaciones -sobre todo en el Bajo Yuna- permanezcan más tiempo de lo necesario en los refugios, convirtiendo una desgraciada circunstancia en un dolor de cabeza permanente para las autoridades, pues en esta oportunidad se utilizaron para esos fines casas de vecinos, amigos o parientes. La lógica a la que se apela es muy sencilla: como el arrimao molesta en todas partes, tan pronto las condiciones lo permiten esa gente es obligada a regresar, quiera o no quiera, a sus respectivas casas. Santo remedio.
Esperando la Regalía
La celebración de los Santos Reyes ha puesto fin a la temporada navideña, lo que hace aun más dolorosa e indignante la situación de más de 500 miembros de la policía escolar que trabajan para la Secretaría de Educación en la vigilancia de los centros educativos, pero que al día de hoy -léase bien- no han cobrado todavía su regalía pascual. Algunos de esos policías prestan servicio en la sede de la institución, en la avenida Máximo Gómez, mientras que el resto está repartido en las escuelas diseminadas por todo el país. Lo que más duele a esos policías es que mientras ellos esperan que se les pague lo que les corresponde por derecho propio, los demás empleados de la cartera cobraron hace rato su décimotercer sueldo, sobre todo los que llegaron con las nuevas autoridades. ¿Es eso justo?
