De escándalo en escándalo era previsible que en algún momento la credibilidad de la Cámara de Cuentas tocara fondo, lo que parece estar a punto de ocurrir con el inminente sometimiento a los tribunales de sus miembros, imputados de obstrucción a la justicia, asociación de malhechores y alteración de auditorías, entre otros delitos.

En el curso de las pesquisas e interrogatorios que realiza el Ministerio Público sus miembros se han acusado mutuamente de las irregularidades que se les atribuye, en tanto otros se han querido lavar las manos alegando un desconocimiento de lo que allí ocurría que nadie le cree, por lo que todo indica que será en un juicio oral, público y contradictorio donde deberá establecerse la responsabilidades de cada quien en las diabluras que se cometieron desde el principal órgano fiscalizador del uso de los recursos públicos para encubrir actos de corrupción.

Lo que pasa hoy en la Cámara de Cuentas, como señalé más arriba, no ocurrió de un día para otro sino que fue un proceso progresivo y notorio, a la vista de todos, y ese es el gran pecado de nuestra clase política: no haber hecho nada para evitarlo; todo lo contrario, se empeñó en corromperla, convirtiéndola en un órgano encubridor del saqueo del erario.

Esos políticos deben ir también al banquillo a responder por sus acciones, pues son tan culpables como los propios miembros de la Cámara de Cuentas del lodazal en el que se encuentra.

Por desgracia son políticos los responsables de escoger a sus nuevos integrantes, lo que nos expone a continuar repitiendo el mismo patrón perverso de elegir personas de las que, por filiación personal o política (todavía no se sabe cuál es peor), se espera incondicionalidad y, si fuera necesario, también complicidad.

En el gobierno del cambio las cosas deberían ser diferentes, pero yo no me haría muchas ilusiones, ni apostaría un solo centavo, a que así será.