En las redes sociales le han dicho hasta del mal que debería morirse, pues ya se sabe que en esa selva virtual nadie está a salvo de un insulto o una desconsideración, pero hay que reconocer que las declaraciones de Josefa Castillo defendiendo su derecho a colocar “su gente” en la Superintendencia de Seguros, lo que según su propia confesión elevó la nómina de RD$ 22 millones a RD$26 millones mensuales, no son precisamente para aplaudirse ni para que la nombren la Funcionaria Pública del Mes.

Y si ha caído tan mal su defensa de ese “derecho”, que se negó a reconocer como una práctica clientelista, es porque la sociedad dominicana ha cambiado, ya no es la misma, por lo que hay que lamentar que una funcionaria del Gobierno del Cambio ni siquiera se haya enterado, a pesar de que esa fue la razón por la que rechazó al PLD y su forma de gobernar y le abrió las puertas del Palacio Nacional al PRM y su candidato Luis Abinader.

Pero la Superintendente de Seguros no es la única funcionaria que defiende su derecho a desalojar a los peledeístas de la administración pública “porque ahora le toca al PRM y su gente”, lo que pone en evidencia, una vez mas, lo difícil que es cambiar las viejas formas de hacer política en este país; esa que cree, y así actúa, que el Estado dominicano es un botín que se reparten los que ganaron las elecciones.

Hay que preguntarse cuánto tardará el presidente Abinader en darse cuenta de que sus colaboradores, poco a poco y como quien no quiere la cosa, lo están dejando solo con su discurso de que los perremeístas no llegaron al Gobierno para repartírselo como un pastel y comérselo ellos solos, como hicieron los peledeístas, sino a demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente.