Cada vez que se plantea la necesidad de desarmar a la población civil para reducir la alta incidencia de hechos violentos que involucran armas de fuego, surge la misma pregunta, hasta ahora sin respuesta.

¿Quién desarmará a los delincuentes? En esta ocasión, a propósito del plan que inició el Ministerio de Interior y Policía en Cristo Rey, no ha sido diferente, y hasta han surgido voces, como la del alcalde de Santiago, Abel Martínez, mostrándose abiertamente en contra de que “la gente de trabajo” entregue sus armas y quede a merced de los delincuentes.

No hay dudas de que las declaraciones de Martínez, ampliamente difundidas por los medios de comunicación, crean un gran ruido que hace daño al interés del Gobierno de sacar adelante ese ambicioso plan, con el que pretende sacar de las calles las armas ilegales y posteriormente destruirlas.

Pero también ponen en evidencia que el alcalde de Santiago no está lo suficientemente informado y edificado de lo que persigue y cómo se aplicará, ni lo está tampoco la población a la que se quiere convencer de la necesidad de empezar a construir “una cultura de paz”, lo que explica que se muestre tan escéptica con sus resultados.

Ese plan nunca se ha propuesto desarmar a la “gente de trabajo”, pero es necesario que así se lo expliquen a la gente, lo que bien puede hacerse a través de una campaña publicitaria de sensibilización que ayude a crear conciencia sobre la necesidad de sacar las armas ilegales de las calles junto a todo el dolor y el sufrimiento que provocan.

El alcalde Abel Martínez, quien desde que se declaró aspirante a la presidencia no desaprovecha oportunidad de hacerse el gracioso ante sus potenciales electores, nos acaba de demostrar que esa campaña está haciendo falta. Como está haciendo falta también que los promotores de ese plan respondan, para tranquilidad de todos, la pregunta del millón de dólares. ¿Quién desarmará a los delincuentes?