Claudio Acosta 
El informe de los juristas contratados por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que proponen incluir las tres causales para permitir la interrupción del embarazo en el Código Penal, entre otras “observaciones”, aviva los temores de que su modificación continúe en un limbo que ya se prolonga durante 18 años, mientras divide al gobierno, a sus funcionarios, y a sus legisladores.
Los mismos legisladores que están en la picota pública debido a que durante la campaña electoral prometieron apoyar las tres causales, pero ya en sus cargos se han dejado amedrentar de las iglesias, pensando mas en sus propios intereses políticos y electorales que en el compromiso asumido.
La decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de solo mantener una de las excepciones propuestas en el informe del Poder Ejecutivo se parece mucho a la solución salomónica de Alfredo Pacheco de conocer las tres causales en una Ley Especial de incierto futuro. Pero después de hacerse público su contenido también se va a parecer mucho a una derrota, y no solo para el Gobierno, que con el informe de esos abogados salva la cara, sino también para los ciudadanos que creyeron en la sinceridad de ese compromiso envuelto en el caramelo del cambio, y ahora se sienten burlados.
Si como se teme las tres causales se quedan en el aire, y también el Código Penal, será culpa de esos legisladores, que desertaron de manera ruin y cobarde de su promesa de apoyar a las mujeres y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por eso creo justo y necesario que les pasen la factura en las próximas elecciones.
