En estos días solo hay malas noticias para los sometidos a la justicia por corrupción, que han visto cómo se agrava su situación con la publicación de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, a petición de la Pepca, a las instituciones del Estado hasta donde llegaron los tentáculos del pulpo, que claramente sugieren que en la investigación que realiza el Ministerio Público habrá que incluir a más gente.

Que fue precisamente lo que confirmó ayer Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría, quien declaró que en los próximos días se depositarán nuevas evidencias en el caso Antipulpo y se incluirá a nuevos imputados.

A la publicación de esas auditorías, que han provocado un corredero en el PLD, hay que agregar la decisión del Estado dominicano, representado por el Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, de constituirse en querellante y actor civil en el caso Antipulpo, del que se considera una víctima, por lo que reclamará una indemnización de RD$23,903,465,542.00 por los daños y perjuicios sufridos.

El propósito de esa acción está claro: recuperar el patrimonio público que se atribuye haber sustraído a la red delictiva integrada por los imputados en ese caso, que encabezan Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez.

Los que pensaban que a falta de una Ley de Extinción de Dominio que los políticos aposentados en el Congreso se han negado a aprobar podían permitirse el “sacrificio” de pasarse unos cuantos años en la cárcel, para luego salir a disfrutar sus fortunas mal habidas, deberían empezar a preocuparse.

Y lo digo porque basta con echarle un vistazo a los nombres de los abogados que integran ese equipo para convencerse de que la cosa va en serio, si es que ya no lo estaban luego del encarcelamiento de varios generales de nuestras gloriosas y, hasta hace poco, intocables Fuerzas Armadas.