Parece que quien le pone los nombres a los operativos de la Procuraduría General de la República en la era del Ministerio Público Independiente tiene, por algura razón, predilección o preferencia por mariscos y moluscos, pues ya fuimos testigos, con sus tentáculos y ramificaciones corruptas, de la Operación Anti-pulpo que envió a la cárcel a dos hermanos del expresidente Danilo Medina, acusados junto a sus presuntos cómplices de corrupción y lavado de activos.

Y ayer, bien tempranito, el país despertó con la noticia del allanamiento a la Cámara de Cuentas, a cuyos titulares acusa de obstrucción de la justicia, entre otros delitos, como parte de la llamada Operación Caracol.

Pero si la Operación Antipulpo conmocionó a una opinión pública acostumbrada a ver desfilar muertos de risa a gobiernos corruptos y políticos ladrones como a las carrozas del carnaval cada 27 de Febrero, el allanamiento a la Cámara de Cuentas, en el que participaron 22 fiscales y decenas de agentes de la policía, demostró –por si quedaba alguna duda– que todo eso cambió, que sus cómplices y encubridores tendrán también que asumir ante la justicia las consecuencias de sus actos.

La histórica pesquisa encabezada por el Procurador Adjunto Wilson Camacho, director de la Pepca, persigue recabar pruebas de las alteraciones y otras irregularidades detectadas en auditorías realizadas por ese órgano de control, pero más que nada evitar que sus miembros distraigan, destruyan o alteren evidencias, como ya ocurrió en otros casos bajo investigación.

Lo que pasó ayer en la Cámara de Cuentas es una clara y contundente demostración de que ese Ministerio Público independiente, dure lo que dure, se ha tomado muy en serio su compromiso de perseguir y sancionar el flagelo maldito de la corrupción, pero también pone en evidencia hasta dónde esa corrupción fue institucionalizada y puesta al servicio de quienes dirigieron (y saquearon) el país durante los últimos ocho años.