Prohibir lo que ya estaba prohibido, como las actividades agropecuarias en Valle Nuevo, además de hacer patente el fracaso de la primera prohibición, es una nueva oportunidad de ir en rescate de esa área protegida, considerada “la madre de las aguas”, y ponerla a salvo de una explotación cuyo impacto sobre un recurso tan fundamental como el agua puede resultar catastrófico si no podemos detenerla a tiempo.

La decisión del Ministerio de Medio Ambiente, anunciada por el ministro Orlando Jorge Mera en el lanzamiento del Plan de Acción al Rescate del Parque Nacional de Valle Nuevo, dio un plazo de cien días a quienes aun desarrollan actividades agrícolas en la zona, tiempo en el que deben desmantelar las infraestructuras y equipos que utilizan. Según lo que explicó el funcionario, se trata del “plan más ambicioso, sopesado e integral para el co-manejo de un parque nacional que se haya concebido en el país en la historia reciente”.

Se comprende el entusiasmo del funcionario al anunciar algo de tanta trascendencia, y ojalá podamos ver, cuando pasemos balance al impacto de sus acciones, que sus resultados se corresponden con tan altas expectativas.

Pero no está demás preguntar si para no tropezar con un obstáculo que ya resultó insalvable por el problema social que representa, y al que los gobiernos peledeístas no quisieron marcharle, ya se decidió qué hacer o donde reubicar a los cientos de familias, muchas de las cuales se asentaron ahí desde hace décadas, a las que ahora se les está pidiendo que abandonen todo lo que tienen y por lo que han trabajado en un plazo fatal, literalmente.

Según me cuentan, se enteraron “por la prensa” de que en cien días deben abandonar sus cultivos, pero nadie se les ha acercado para aclararles la incertidumbre sobre lo que pasará con sus vidas de ahí en adelante. Esperemos el alboroto, junto a una clase de ruido que a ningún Gobierno le gusta escuchar, y mucho menos en tiempo de pandemia.