¿Quién impartió las “órdenes superiores” para desalojar a las activistas que acamparon frente al Congreso en reclamo de que se incluyan las tres causales del aborto en el proyecto de Código Penal que discuten los legisladores?

Pregunto porque Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, puso de inmediato distancia con el hecho, que calificó como un atropello de la Policía, y defendió el derecho de esas mujeres a protestar de manera pacífica.

Y a juzgar por las reacciones de rechazo y condena de la Primera Dama, Raquel Arbaje, y la Viceministra Administrativa de la Presidencia Leticia Jorge Mera, quien describió la actuación policial como “una vergüenza” propia de un Estado opresor, puede concluirse que no está en el ánimo del Gobierno propiciar acciones tan poco democráticas.

Nunca he sido partidario ni propenso a darle crédito a teorías conspirativas porque, en la mayoría de los casos, no se corresponden con la realidad, pero sea a propósito o producto de la inobservancia de los mas elementales protocolos lo cierto es que la Policía parece decidida a hacer fracasar a este gobierno, que en su candidez o falta de experiencia, para no decir otra cosa, no parece darse cuenta de que todavía tiene enemigos poderosos durmiendo bajo su mismo techo y en su misma cama.

Las explicaciones ofrecidas por el vocero de la institución, quien argumentó que las activistas violaron el toque de queda, el protocolo de prevención del coronavirus y carecían del permiso para instalarse en la zona, son reveladores de su ignorancia sobre lo que dice la Constitución sobre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a protestar de manera pacífica. Pero esa actuación, que continúa recibiendo repudios y rechazos, nos recuerda porqué es tan urgente reformar la Policía y que sus miembros entiendan, desde su Director hasta el mas humilde raso, que vivimos en una democracia y que están obligados a respetar sus reglas.