Mucha gente debe estarse preguntando, luego de la fulminante destitución de Luz del Alba Jiiménez tras denunciarse una serie de irregularidades, el segundo escándalo de corrupción en el Ministerio de la Juventud en apenas un año y tres meses, si vale la pena que nuestros impuestos se utilicen para financiar a una entidad pública que por lo que se ve solo sirve para que los políticos que pasan por ahí se llenen los bolsillos y repartan el resto entre su clientela política, familiares, amigos y allegados.

Que esa entidad pública, creada en el año 2000 para ser la institución responsable de formular, coordinar y dar seguimiento a las políticas del Estado dominicano en materia de Juventud, haya terminado convertida en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones en lugar de “propiciar el desarrollo integral de las y los jóvenes dominicanos en edades de 15 a 35 años” es otra burla de nuestra clase política y su capacidad de corromper todo lo que toca.

Y eso es lo que están recordándonos en estos días los periódicos, obligados, para poner en contexto la destitución de las dos últimas incumbentes de ese ministerio, a señalar todos y cada uno de los escándalos de corrupción que lo han rodeado desde su creación hace 21 años y quiénes fueron sus protagonistas, lo que al ser visto en perspectiva espanta y sobrecoge.

Ese ejercicio también obliga a preguntarse porqué ha ocurrido eso y, sobre todo, porqué en el Ministerio de la Juventud, descartando de antemano que la filiación partidaria de sus incumbentes tenga algo que ver, como acaban de probar las dirigentes del PRM Kinsberly Taveras y Luz del Alba Jiménez.

¿Qué lectura darle al hecho? ¿Qué significa?
Yo solo puedo decir, ante la falta de respuestas a esas preguntas, que si los jóvenes políticos que han dirigido ese ministerio son la representación de la nueva generación, los que tomarán el relevo, habría que renunciar a la esperanza de cambiar la peor cara de la política dominicana: la corrupción.