Luego de los olvidos, omisiones y “errores” que se han detectado en el proyecto de Código Penal bajo estudio de la Cámara de Diputados, lo mas sensato y prudente, para estar seguros de que ahí no se meterá gato por liebre y luego solo quede lamentarse, es acoger la propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) de que se haga una nueva revisión de la pieza.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero y Vicepresidente Ejecutivo de la entidad, sugiere a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja que de manera particular sean sometidas a una revisión integral las penas propuestas para la prisión y las multas de mas de ocho tipos penales, decidir el error que alega existe con el eximente del aborto, y precisar lo relativo a los artículos que regulan la bancarrota fraudulenta, entre otras observaciones.

Es de esperarse que entre las enmiendas sugeridas al proyecto quede finalmente establecida una pena cónsona con la gravedad de un delito como el de la corrupción, y que también nos aseguremos de que haya sido rechazada la petición del Ministerio de Defensa de que se excluya la competencia de los tribunales ordinarios para conocer y juzgar las infracciones militares, solicitud que ha resultado chocante en medio del escándalo destapado por la Operación Coral y que un conocido jurista calificó de “enorme retroceso”.

Hay que evitar a toda costa que después de tantos esfuerzos, de tanto esperar por la aprobación de un Código Penal acorde con los tiempos que corren, se repita la frustrante experiencia que vivimos con la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas, que finalmente resultó ser un mamotreto lleno de incongruencias y agujeros por todas partes.

A tal punto, que mas que el producto de la incompetencia o las prisas de los legisladores, parece una ley hija de la mala fe y la intención perversa de que no sirva a los propósitos de regular el desorden al que le han sacado tanto provecho nuestros políticos.