La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) acaba de recordarnos porqué es tan difícil, a pesar de lo tanto que en este país se cacarea sobre transparencia, rendición de cuentas y corrupción, cambiar la mentalidad de los que van al Estado a servirse, no a servir a sus conciudadanos, desde una posición pública.

Y nos lo ha recordado de la manera mas elocuente posible; con estadísticas, que nos permiten ver el verdadero tamaño de los problemas. Un total de 3,919 funcionarios nombrados y electos de esta y la pasada gestión peledeísta no han cumplido con la Ley 311-14, que instituye la Declaración Jurada de Patrimonio que deben hacer al asumir y dejar el cargo.

Que a estas alturas haya una cantidad tan grande de omisos a pesar de las advertencias y suspensiones ha provocado las previsibles reacciones de rechazo y condena en la opinión pública, que ayer recogió la posición de los diputados Rogelio Genao Lanza (PRSC) y Juan Julio Campos (PLD) pidiéndole al presidente Luis Abinader que suspenda a los funcionarios que no hayan cumplido con ese mandato, y se les aplique el régimen de consecuencias que la ley contempla.

Es evidente, sin embargo, que esos funcionarios no le temen a esas consecuencias, y la razón es fácil de adivinar; nunca se han aplicado con rigor y firmeza, lo que tal vez hubiera evitado que tanta gente se sintiera en libertad de multiplicar su patrimonio desde un puesto público. Y algunos lo hicieron con tan poco comedimiento y sentido de la mesura, que hoy son indecentemente ricos.

Pero no hay señales de que eso vaya a cambiar, ni de que aparecerá un político con voluntad de cambiarlo. Por eso no debemos sorprendernos si en unos pocos años también son indecentemente ricos muchos de los que hoy se resisten a declarar sus patrimonios, que cínicamente podrían alegar que todavía no saben calcular cuánto pueden llegar a tener si los vientos de la política siguen soplando a su favor.