El viernes pasado el Juzgado de la Instrucción Permanente de la provincia La Altagracia emitió una orden de arresto contra el presidente del Concejo de Regidores del ayuntamiento de La Romana, el regidor reformista Faustino Ávila Guzmán, también conocido como Negro Tongolo, a quien las autoridades acusan de pertenecer a una organización que enviaba drogas a la vecina isla de Puerto Rico.

No ha transcurrido un mes desde que los periódicos publicaron la noticia del apresamiento en la frontera de un regidor del PLD al que el Ejército decomisó 96,480 unidades de cigarrillos que transportaba de contrabando, información que se conoció apenas días después de que se publicara que otro regidor, en este caso del PRM, fue denunciado por un empresario de la provincia Espaillat que lo acusa de supuestamente haberlo extorsionado con un millón de pesos que le pidió para aprobarle la instalación de una estación de combustibles.

Todavía está fresca en la memoria de la opinión pública la indignante desfachatez de los regidores del ayuntamiento de Santo Domingo Este, que se autoasignaron 20 mil pesos de viáticos a pesar de que ya cobraban 220 mil de salario y otros 25 mil de combustibles, imitando lo que previamente hicieron los regidores de Barahona y Puerto Plata.

Por eso ha llegado llegado el momento de preguntarse qué está pasando, porqué son tan frecuentes esas acciones; y sobre todo, si con nuestra indiferencia permitiremos que se conviertan en algo “normal”, al igual que la corrupción que los políticos nos estrujan impunemente en la cara.

Esas preguntas hay que hacérselas a los partidos que los postulan, a los que deberíamos exigirles que sean más rigurosos en sus procesos de selección. Pero también a nosotros mismos como ciudadanos, que debemos hacer conciencia de que nunca vamos a vivir en el país con el que soñamos mientras nuestros políticos se comporten de esa manera y se lo sigamos permitiendo.