MANUEL QUIROZ 
A pesar de los esfuerzos y cambios emprendidos para mejorar la situación hospitalaria en el país, la situación es aún un tanto incierta y muchos los desafíos que deben ser enfrentados, como por ejemplo la titánica tarea de rescatar un centro como el Salvador B. Gautier, que fue en su momento ejemplo de asistencia médica pública, y que hoy está en franco proceso de agonía.
Mientras su nuevo director, el doctor Fredis Reyes y el doctor César Mella, director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) trabajan de forma denodada para rescatar ese importante centro asistencial, sus áreas de cuidados intensivos y la emergencia están en condiciones críticas.
Pero este no es panorama particular o aislado, ya que muchos hospitales públicos se ven expuestos en este momento a carencias y penurias que hablan muy mal de la efectividad de nuestro sistema sanitario. La situación se ha tornado más crítica en los últimos tiempos porque muchos trabajos de reacondicionamiento dispuestos desde el 2013 están paralizados y otros marchan a un ritmo lento, por causas que no han sido precisadas con la debida claridad y de forma convincente.
Los paros médicos y las malas condiciones en la infraestructura física de muchos hospitales públicos, dificulta el acceso y atención oportuna a pacientes pobres que acuden forzosamente a esos centros, al carecer de medios para ser atendidos en una clínica
La OISOE ha hablado del establecimiento de un nuevo protocolo acordado entre la OPS y del Ministerio de Salud que obligó a rediseñar planos, pero todo parece indicar que detrás de esa situación prevalecen otras muchas cuestiones irregulares que no son tratadas con la amplitud y transparencia que el tema amerita.
Por ejemplo, ¿por qué muchas obras adjudicadas mediante sorteo han tenido que ser reasignadas a terceros, mientras constructores afectados por esa medida alegan que se vieron perjudicados económicamente por retrasos en la entrega de cubicaciones, generándose disminuciones en el ritmo de las remodelaciones de hospitales?
Según detallados informes que han circulado con precisa sustentación de documentos, más del 50 por ciento de los hospitales sometidos a labores de reconstrucción se han visto afectados.
Debido a esto y siempre basado en ese informe, solo una parte ínfima de esos hospitales ha podido ser reinaugurada, a pesar de que el presidente Medina había pedido de forma expresa que se diera prioridad a esos trabajos, como parte de su política de protección social en favor de los sectores de menores ingresos.
La OISOE sostiene que 25 de los 56 hospitales que están intervenidos y que han sido sometidos a remodelación serán entregados entre los meses de marzo y abril del 2017 y la pregunta obligada es, ¿qué pasará hasta ese período con los miles de pacientes que acuden a los centros asistenciales públicos con trabajos inconclusos?
En ese tenor, se insiste en que muchos de estos centros no han podido ser entregados en el tiempo previsto originalmente, porque sus remodelaciones están siendo adecuadas al nuevo protocolo de construcciones hospitalarias.
De ahí surge otra pregunta que ojalá hallara respuesta y acciones, más allá de declaraciones mediáticas: ¿por qué no se pensó en preparar esta dichosa normativa antes de que la reconstrucción hospitalaria fuera iniciada, tras la declaración de obras con carácter prioritario?
Es probable que si la racionalidad hubiera operado entonces con una dosis mínima de previsión y rehuyendo toda improvisación, que siempre resulta contraproducente y generalmente costosa en términos de los presupuestos, muchos de los hospitales no estuvieran atrasados y las obras marcharan a un nivel adecuado.
Las autoridades de salud y otros entes oficiales involucrados en estas intervenciones hospitalarias tienen muchas cosas que explicar, además de asumir con prontitud acciones proactivas para recuperar el tiempo perdido y retornar a la normalidad muchos hospitales que operan ahora con dificultades y limitada amplitud.
