He leído de cabo a rabo, desde la primera coma hasta el punto final, la resolución 000-48 del Ministerio de Salud Pública en la que establece la obligatoriedad de exigirle a los ciudadanos la presentación de su tarjeta de vacunación para permitirle su acceso a lugares de uso público como universidades, centros de diversión y de trabajo, entre otros, y por ninguna parte dice que es responsabilidad de la Policía Nacional o del Ejército garantizar su cumplimiento.

¿Por qué hago la precisión? Porque ayer el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, advirtió a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa que sus efectivos no pueden detener a los ciudadanos en las vías públicas para solicitarle su tarjeta de inmunización. Y a continuación explicó que hizo la advertencia debido a que en las últimas horas han sido depositadas en la Defensoría varias reclamaciones de ciudadanos que se quejan de que han sido parados para hacerle esa solicitud.

¿Quién ordenó que exigieran a los ciudadanos el cumplimiento de una normativa que no entrará en vigencia sino hasta el próximo lunes 18? ¿O fue una iniciativa de su propia inspiración?

Quien conoce la manera en que son formados y adoctrinados los miembros de nuestros cuerpos castrenses y la Policía Nacional, que como institución nunca se ha visto a sí misma como un cuerpo armado de naturaleza civil, sabe que eso es prácticamente imposible. Pero dejo que sean ustedes, amables electores, los que saquen sus propias conclusiones sobre las causas y motivos de esas inconstitucionales acciones.

Y como me prometí a mí mismo no volver a recordar, cada vez que se produzca uno de estos recurrentes episodios, la urgencia de acometer la postergada reforma de la Policía, me limitaré a lamentar que sus agentes no sean tan diligentes y proactivos contra los delincuentes que nos han robado la paz y la tranquilidad, o con los dueños de los puntos de droga con los que envenenan los sueños y esperanzas de nuestros jóvenes allá en los barrios.