Por: Patricia Solano y Juan Miguel Pérez
Si algo caracteriza a las dictaduras es el régimen de privilegios. En una dictadura no hay derechos sino favores; el grupo de favorecidos depende del capricho de quien ostenta el poder.

Al caer la dictadura de Trujillo en 1961, quienes tenían el poder económico se hicieron con el poder político y distribuyeron para sí gran parte del patrimonio robado. Para el pueblo, eran días de luchas y conquistas de libertades públicas. Tareas urgentes como sacar de la cárcel a los presos políticos, recibir a los exiliados y fundar gremios y partidos, marginaron el tema crucial de la democracia económica y los derecho sociales. En las tribunas, solo Manolo Tavárez y Juan Bosch abordaban el asunto. Bosch quiso desmontar el esquema y fue derrocado. Manolo Tavárez se alzó por ese motivo y fue asesinado.

El trauma llevó a una guerra en 1965 y esta a una intervención norteamericana que en 1966 impuso a Balaguer como garante de sus intereses en la región. Pero los norteamericanos no eran los únicos poderosos con intereses; localmente se estaba dando un proceso antidemocrático de redistribución de privilegios. Basta seguir el hilo de leyes y decretos que a partir de 1962, pasando por dos Consejos de Estado, otorgan exenciones a sectores específicos para entender el camino transitado hacia el punto en el cual el poder político se hizo subalterno del poder económico.

En 60 largos años la transición dominicana de dictadura a democracia está todavía incompleta, básicamente, porque los sectores conservadores se han resistido con fuerza a evolucionar. El sistema de privilegios sigue vigente en la sociedad dominicana de hoy y se refleja en cada ámbito de la vida social.
Un joven de orígenes humildes sabe que estudiar no garantiza un puesto digno en el mercado de trabajo. Más vale estar pegado o heredar relaciones primarias, como ocurre en los partidos políticos, que destinan las mejores candidaturas a quienes llevan los apellidos de los jerarcas.

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Alguien con dinero cae preso y prefiere ser enviado a La Victoria, el peor antro carcelario que existe, porque es allí, gracias a la corrupción, donde existen mejores oportunidades de comprar privilegios. “Caiga quien caiga” es un cliché que lo revela todo: una especie de mantra fantasioso en medio de situaciones donde difícilmente un privilegiado cae.

Una sociedad democrática no toleraría el nivel de privilegios que las cámaras legislativas se han autoasignado. Si esta lo tolera es porque es parte de un intercambio entre poderosos, que prefieren cerrar los ojos y tener leyes a pedir de boca.

La gran mayoría de dominicanos se siente irritada por ese sistema injusto y salió a la calle hace poco a gritarlo; habló en las redes y usó las urnas para pedir cambio. No lo tendrá fácil. Los privilegiados están cómodos y poco dispuestos a aceptar democracia.