Las Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2024, publicadas por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Centro Latinoamericano de Administración Tributaria (CIAT), muestran a la República Dominicana entre los tres países con nivel de ingresos tributarios más bajos de la región.

En 2022, los ingresos provenientes de la recaudación tributaria representaron el 13.9% del PIB, valor que sólo superaba a los mostrados por Panamá y Guyana, y muy inferior al promedio regional que es de 21.5%.

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Cuatro figuras impositivas totalizaban casi el 77% de recaudación tributaria dominicana: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ISRpf (10%); el Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas, ISRpj (16.1%); el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados, Itebis (35.6%); y los Impuestos Selectivos al Consumo, ISC, (15%).

El Itebis es la principal fuente de recaudación tributaria del país. La alícuota del impuesto (18%) se ubica por encima del promedio de los países de la región (14.7%). En el caso del ISR, que es un impuesto progresivo, su alícuota está en consonancia con la media de los países de la región y constituyen la segunda fuente de recaudación.

Numerosos estudios han demostrado que el sistema tributario dominicano registra altos niveles de incumplimiento, motivado por evasión, declaración tardía, omisión de declaraciones o elusión al pago de tributos.

En 2018 se dio a conocer un trabajo titulado “Estimación del Incumplimiento Tributario en la República Dominicana”, elaborado por un equipo Interinstitucional del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En este trabajo se hace una estimación del incumplimiento tributario de las siguientes figuras impositivas: el ISRpj, el ISRpf y el Itebis.

De manera resumida, los datos son los siguientes:

1. El incumplimiento del ISRpf alcanzó el 61.89% de su potencial en 2017, equivalente al 4.22% del PIB de ese año. Esto significa que la administración tributaria debió recaudar por ese concepto el equivalente al 6.81% del PIB y sólo recaudo el 2.60% del PIB. El nivel de recaudación de este tributo no ha cambiado en los últimos años.

2. El incumplimiento en el ISRpj alcanzó el 57.07% de su potencial en 2017, lo que equivale a 1.68% del PIB de ese año. Esto significa que la administración tributaria debió recaudar el equivalente a 2.95% del PIB, y sólo recaudó el 1.27% del PIB. Esas cantidades prácticamente no han cambiado en los últimos años.

3. El incumplimiento en el Itebis alcanzó el 43.77% en 2017, lo que equivale a 3.68% del PIB de ese año. Esto significa que la administración tributaria debió recaudar el equivalente al 8.32% del PIB, y sólo recaudó el 4.98% del PIB. Esas cantidades prácticamente no han cambiado en los últimos años.

La ratio de recaudación del Itebis, que mide la diferencia entre los ingresos recaudados y los ingresos que teóricamente se habrían recaudado si se hubiera aplicado íntegramente a la totalidad de la base imponible potencial en un régimen de ITBIS “puro” y se hubiera recaudado la totalidad de los ingresos, fue, según la CEPAL, igual 0.38 en 2022, uno de los niveles más bajos entre los países de América Latina y el Caribe, en donde el promedio es 0.58.

El incumplimiento tributario le cuesta al país el equivalente a un poco más de 9.5% del PIB, una proporción mayor que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Una meta nodal de la reforma debería ser reducir el incumplimiento tributario.

Hacerlo en un 50% le añadiría casi 5% del PIB a la actual presión tributaria, lo que elevaría la tributación efectiva a casi 19% del PIB.

En vez de elevar tributos o crear nuevas tasas, esa meta llevaría enfocar los flancos críticos del problema tributario: la evasión, la elusión, el sistema de exenciones, y la estructura tributaria misma. A lo que es preciso sumar el esfuerzo por resolver el déficit eléctrico y reimpulsar la calidad del gasto, asuntos que la guagua ha ido en reversa en la actual Administración.