A propósito del proceso de investigación que lleva la Procuraduría General de la República (PGR) contra los exfuncionarios Simón Lizardo Mézquita y Donald Guerrero Ortiz, a continuación, algunos datos que debes saber sobre estos ex servidores públicos:

Simón Lizardo fue exadministrador general del Banco de Reservas durante el segundo período de gobierno del expresidente Danilo Medina.

Además, fue ministro de Hacienda, desde el año 2012 al 2016, en la primera gestión presidencial de Medina.

También se ha desempeñado como Contralor General de la República en tres ocasiones, siendo la primera en 1996 hasta 1998; luego desde el 2004 hasta el 2008, período que se extendió al 16 de agosto del 2016, cuando fue nombrado ministro de Hacienda.

Desde el año 1998 hasta el 2000 fue Secretario Administrativo de la Presidencia de la República.

El exfuncionario es licenciado en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Lizardo Mézquita deberá comparecer la mañana de este martes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En la actualidad Lizardo Mézquita es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Donald Guerrero fue ministro de Hacienda desde el 16 de agosto del 2016 hasta el mismo mes del año 2020.

Es licenciado en Economía, graduado en INTEC, con postgrado en Administración en esa misma Universidad, y Maestría en Finanzas, en University of Maryland, así como postgrado en Banca y Finanzas realizado en Chase Manhattan Bank San Juan, Puerto Rico.

Guerrero también es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El exfuncionario fue ha sido interrogado en dos ocasiones por la Procuraduría General, mientras que este miércoles asistirá a un tercer interrogatorio.

Según su declaración jurada, Donald Guerrero tiene una fortuna que supera los 750 millones de pesos.

Se recuerda que el Ministerio Público informó que los exfuncionarios son investigados por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas de bienes, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.