En días recientes, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación Juan Bosch y la Coalición Seguridad Social Digna, presentaron a la opinión pública nacional los hallazgos del estudio Radiografía de las AFP y ARS: análisis económico para el debate de políticas públicas, el cual fue elaborado por los investigadores Matías Bosch Carcuro y Francisco Tavárez Vásquez.

Para llevar a cabo dicho estudio, Matías Bosch Carcuro y Francisco Tavárez Vásquez consultaron diversas fuentes relacionadas al tema en cuestión, principalmente datos suministrados por las instituciones de la seguridad social, los cuales abarcan el año 2023 y parte de 2024. En la investigación, los investigadores comparan el rol de las AFP y las ARS en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con la denominada “Ley del Embudo”, en la que dichas empresas privadas reciben recursos de los trabajadores para financiar derechos fundamentales, siendo ellas las grandes ganadoras, mientras la ciudadanía carga con los riesgos, las pérdidas y la precarización de los servicios de salud y pensiones indignas.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Riesgos de Salud de República Dominicana (AFP y ARS), tienen las mismas características que las instituciones extractivas, es decir ganan mucho realizando poco esfuerzo y sin correr alto riesgo. Las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), han permitido que las AFP y ARS establezcan un mercado oligopólico alrededor de la seguridad social. Por lo general, en los mercados oligopólicos un reducido grupo de proveedores de productos y/o servicios se ponen de acuerdo para fijar los precios y repartirse el pastel, lo que obviamente perjudica a los consumidores (afiliados).

Constituye una evidente violación a lo que establece la Constitución dominicana con respecto a la libre competencia, permitir que unas cuantas AFP y ARS, manejen la seguridad social desde la lógica rentista y monopólica: AFP Crecer (Grupo Rizek), AFP y ARS Reservas (Banreservas), AFP Siembra y MAPRE SALUD (BHD), AFP Popular y ARS Universal (Banco Popular), AFP Romana, ARS Primera (Grupo Humano), ARS Monumental, ARS Abel González. Tanto en RD como en otras partes del mundo, hay que prevenir las causas que indujeron a Luigi Mangione, joven de 26 años, a asesinar al CEO de UnitedHealthcarela, señor Brian Thompson, en la ciudad de Nueva York.

En RD, las propuestas de valor que rodean a las AFP y ARS, no satisfacen las necesidades y expectativas elementales de los afiliados a la seguridad social. Por el contrario, la promesa de valor que ofertan estas entidades a los ciudadanos, suele ser perversa, mediocre y carente de transparencia. En este contexto, la inoperancia de las AFP y ARS se pueden observar en las conclusiones sustanciales a las que ha arribado el estudio Radiografía de las AFP y ARS: análisis económico para el debate de políticas pública. Por ejemplo:

La capacidad de generar ganancias de las AFP y ARS ante cualquier escenario económico es incuestionable. En lo que tiene de vigencia el sistema, estas empresas han logrado amasar ganancias por RD$76,187.6 millones, sumados a la estratosférica cifra de RD$92,205.9 en gastos de funcionamiento, lo que representa un gasto para la sociedad que en 2023 ascendía a un acumulado de RD$168,393.6 millones.

Las ganancias de las AFP y ARS se basan en privar de derechos a la sociedad, mercantilizando las pensiones y la salud, arrebatando condiciones de base a la ciudadanía social y económica, y conformando esquemas de rentista económico de carácter parasitario, sin criterios de eficiencia, optimización ni contribución al desarrollo. Mientras, aumenta la deuda del Estado, los fondos que debe dedicar a subsidios del sistema en que impera la privatización, se transfieren inmensas riquezas a privados, y la sociedad se relaciona con las instituciones en modo asistencial, caritativo y por tanto no democrático. Para lograrlo, además, estas entidades han acumulado gran poder político, para lo cual deben crear islas institucionales y capturar las leyes, políticas y decisiones de Estado.

Las ARS y AFP adolecen del mismo diagnóstico, son empresas que sustituyen la solidaridad por la competencia individual, la universalidad por la discriminación, la suficiencia por el Lucero y lo público por lo privado. En definitiva, son soluciones neoliberales que engrosan las ganancias rentistas financieras, limitando los derechos de la gente a la salud y al envejecimiento digno. A través de deudas, subsidios y transferencias se drenan recursos públicos hacia fines privados, se erosiona aún más la suficiencia financiera del Estado y se agrava la injusticia fiscal, con tal de lograr el objetivo de mercantilizar la seguridad social.

El país está perjudicado por un mecanismo de licuado de recursos colectivos hacia beneficios privados, que reducen la solidaridad del sistema de seguridad social, contrario a todas las recomendaciones de organismos de referencia en la materia, y a la creciente movilización en el país y en América Latina para recuperar derechos, bienes comunes y servicios sociales.

Ante tal escenario, la seguridad social debe ser redefinida en República Dominicana con la introducción de reformas profundas que la conviertan en un instrumento de protección social y en un nivelador de las inequidades socioeconómicas que genera el mercado. Una salida justa debe contemplar un sistema moderno, solidario y técnicamente sólido, que se fundamente en los principios fundadores de la seguridad social: solidaridad, universalidad, equidad y justicia.

Estos principios no los asume el actual modelo de seguridad social, como se puede comprobar través de los datos oficiales consultados. No es solidario porque deja a su suerte a la gente, siendo su capacidad de pago la credencial para acceder a un derecho. No es universal porque no aplica a todos los dominicanos/as, muchos de los cuales trabajan en informalidad. No es equitativo porque el sistema mantiene privilegios previsionales a jueces de altas cortes, legisladores, funcionarios del Estado, y deja el sistema de pensiones y salud de los trabajadores a merced de las ARS y AFP.

La seguridad social debe ser, ante todo, un sistema para ofrecer certidumbres, garantías y

protección a las personas y a las familias, sin depender de su capacidad financiera personal y sin estar condicionado a otro atributo de su estatus de ciudadano, motivo por el cual está establecida como un derecho fundamental. Si la seguridad social da garantías, certidumbre y seguridad de acumulación a empresas privadas, cuya ganancia depende de la precariedad, zozobra, angustia y el empobrecimiento de los sujetos de derecho, entonces los artículos 60 y 61 de la Constitución están siendo violados y negados, y es un deber nacional restituir su vigencia con carácter perentorio.

Los autores del estudio Radiografía de las AFP y ARS: análisis económico para el debate de políticas pública, señores Matías Bosch Carcuro y Francisco Tavárez Vásquez, reafirman que es una prioridad nacional humanizar la seguridad social y convertirla en un instrumento económico de bienestar, desarrollo y justicia social. Además, puntualizan que los hallazgos presentados son pruebas fehacientes de que el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) está en manos del sistema financiero a través de las AFP y las ARS privadas, y que no sirve a las necesidades de salud y pensiones dignas, ni a las políticas de reducción de pobreza que requiere el país para mejorar las condiciones de vida de la gente, lo cual impone la tristemente célebre “Ley del Embudo”. Entiéndase, lo estrecho para los afiliados y lo ancho para los miembros-accionistas de las Asociaciones Dominicanas de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Riesgos de Salud (ADAFP y ADARS).