En enero de este año (2024) publiqué un trabajo basado en datos titulado: República Dominicana y sus “buenas notas” en accidentes de tránsito, me propuse ilustrar la dura realidad que enfrentamos como sociedad respecto a la inseguridad vial y la falta soluciones realmente efectivas para reducir las altas cifras de siniestros viales.

Y es que aunque desplazarse de un lugar a otro es una de las actividades más comunes y cotidianas. En el caso de transitar en las calles de República Dominicana, esto supone el riesgo de perder la vida. Durante los últimos años y de manera consecutiva, el país se sitúa entre los cinco con más accidentes de tránsito en el mundo, una especie de epidemia para la cual todavía no hay vacuna.

El pasado fin de semana puso sobre la mesa, al menos mediáticamente, la necesidad de tomarse este asunto en serio. Una caída del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo y accidentes mortales, llenaron de luto y desesperación nuevamente al país que “lo tiene todo.”

Sin lugar a dudas lo ocurrido en Las Yayas, provincia Azua, fue de lo más devastador, pues en la madrugada del pasado domingo el conductor de un camión perdió el control en la carretera Azua-San Juan y atropelló a varias personas que compartían en un centro de bebidas alcohólicas dejando al menos 11 muertos y más de 40 personas heridas.

Por otro lado, el colapso de la red semafórica que se le atribuye a la empresa Transcore Latam SRL dejó evidenciada la fragilidad de la infraestructura de las señales de tránsito y la necesidad de un control centralizado desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Lo lamentable es que ya vemos con cierta “normalidad” este tipo de sucesos sin que hasta el momento si quisiera tengamos una propuesta de aliviar este mal.

No sé a ustedes, pero a mí particularmente que a diario debo analizar y consumir noticias me da pánico tomar el volante en nuestras calles, autopistas y avenidas, porque no me basta con ser prudente y respetar las leyes, si estoy expuesta ante las imprudencias de los demás ciudadanos y ciudadanas que no lo hacen.

Según los datos disponibles en el Portal Nacional de Datos Abiertos a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), solo en 2023 esa institución registró 1,994 muertes por accidentes, de las cuales 1,661 fueron de sexo masculino y 255 de sexo femenino. A esta cifra se suman otras 28 personas fallecidas cuyo sexo no fue identificado.

Es por ello por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coloca a República Dominicana en la primera posición con la tasa más elevada de fallecimientos al año y ocupando desde el año 2000 hasta la fecha los primeros cinco lugares de dichas mediciones.

Ante lo señalado, es de suma urgencia hacerle frente a esta problemática a través de estructuras institucionales, colocando en la agenda política la seguridad vial como prioridad, haciendo cumplir las leyes de tránsito y aplicando las sanciones correspondientes cuando se incurre en su violación.

También se hace necesario una mayor sistematización en cuanto a las cifras que son una herramienta indispensable para el diseño de políticas públicas y cuya efectividad pueda medirse en el tiempo a través de sus indicadores.

En la actualidad tampoco se cuenta con suficientes profesionales para la investigación de accidentes, tal como lo indica la Ley 63-17 en su articulado 23 sobre las unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito: “La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dispondrá de unidades técnicas para las investigaciones de accidentes de tránsito, las cuales se realizan bajo la dirección funcional del Ministerio Público”.

No contar con suficientes recursos humanos para estos fines no solo afecta el levantamiento de información, sino que también compromete en muchos casos la veracidad de los hechos con miras a establecer sanciones.